NUEVA YORK — El 2011 fue un mal año para los indocumentado en Estados Unidos. Ello motivó un cambio de estrategia. Inmigrantes y activistas se enfocarán en 2012 en evitar que más estados del país aprueben duras leyes migratorias que han afectado la vida de los hispanos.

Julia Cáceres nunca olvidará cuando cinco agentes se plantaron en la puerta de su casa de Queens a las 06:30 del 20 de septiembre.

“Dijeron que venían por mí. Me sacaron en pijama. Ni me dejaron decir nada a mis hijos”, relató la ecuatoriana que no tiene autorización para residir en Estados Unidos. Fue llevada a la sede policial de Nueva York, a una cárcel de Elizabeth, en Nueva Jersey, a otra de Newark, en el mismo estado, para acabar en un centro de detención de Jena, en Louisiana.

El 20 de octubre, una agente a bordo del avión que la iba a deportar a Ecuador se dio cuenta de que sangraba y la sacó del aparato. Cáceres estaba embarazada, pero en medio de esta experiencia perdió el bebé. Las autoridades la devolvieron a Nueva York por razones médicas.

Promesa incumplida

La prometida reforma migratoria que al presidente Barack Obama le valió el apoyo hispano en las pasadas elecciones, parece ahora esfumarse. Tanto organizaciones de defensa de inmigrantes como el gobierno de Obama consideran improbable su aprobación antes de noviembre de 2012.

Así que los esfuerzos se centrarán en impedir que se propague por el país la tendencia de imponer rigurosas legislaciones a nivel estatal que están causando estragos, no solo a nivel social entre los inmigrantes sino en la economía.

Activistas como Sarahi Uribe, coordinadora de campaña de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) saben que “esperanzas para una reforma migratoria a nivel federal no existen porque la política ahora es que realmente no tenemos los votos. No hay suficientes demócratas ni republicanos con la voluntad de aprobarla”.

“Tampoco ocurrirá en los próximos años. Por eso nos estamos enfocando en las batallas locales”, explicó.

Clima desfavorable

La directora del Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles, Marielena Hincapié, coincidió en que “el clima político no parece estar ahora abierto a un proyecto federal de ley migratoria. Los republicanos no querrán darle a Obama esa victoria”.

El panorama está pintado por las cifras de deportaciones más altas de la historia, que reflejan una persecución a los inmigrantes como pocas veces antes se vio y con ello proliferan historias de distanciamiento entre familiares y desarraigo.

Con esa coyuntura, la reforma migratoria quedó desplazada por debates sobre el papel que juegan los estados y departamentos de policía locales en políticas de inmigración y sobre si la autoridad sigue la directriz del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de deportar especialmente a quienes representen un peligro para la seguridad.

Ese giro se dio en virtud de que a falta de una reforma federal, estados como Arizona o Alabama impulsaron sus propias leyes de inmigración, forzando en algunos casos a padres a mostrar el estatus migratorio de sus hijos cuando los inscriben en la escuela, o promoviendo que policías interroguen a alguien sobre su estatus si tienen “sospechas razonables” de que no está autorizado para permanecer en el país.

Estados antiinmigrantes

Este año 30 estados presentaron su propia legislación migratoria, aunque en 20 fueron rechazadas. En otros cinco, estas leyes podrían ser consideradas y en los cinco restantes —Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur— legislaciones en contra de la llegada de inmigrantes sin autorización han sido aprobadas. El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra varias de esas legislaciones.

Aproximadamente 820 mil inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos habitan en los cinco estados donde se aprobaron dichas leyes, según datos del Pew Hispanic Center.

La misma organización calcula que al menos otro millón de inmigrantes, en la misma situación de incertidumbre legal, viven en los cinco estados donde este tipo de legislación podría ser considerada: Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Illinois.

Los activistas luchan por contrarrestar los efectos de esas medidas estatales y desincentivarlas.

Por ejemplo, Elena Lacayo, coordinadora de Inmigración del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), destacó que en Alabama, uno de los estados que aplicó drásticas normas antiinmigración, “los agricultores no quieren sembrar porque no saben quién podrá recoger después la cosecha”. Para realizar esa labor suelen contratar a extranjeros que muchas veces residen ilegalmente en el país.

Escases de trabajadores

El Consejo de Negocios Agrarios de Georgia calculó que la falta de mano de obra en las granjas del estado ha provocado pérdidas de $300 millones y podrían ascender hasta los 1,000 millones de dólares si no se revierte la escasez de trabajadores ocasionada por el éxodo desatado por una rigurosa legislación migratoria impuesta.

La seguridad pública se verá afectada también por estas leyes, pronosticó Lacayo, a raíz de que los inmigrantes no se atreverán a reportar crímenes aunque sean víctimas o testigos de ellos.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) concentrarán sus esfuerzos en 2012 en batallar contra las iniciativas estatales.

“Lo que haremos será cambiar los ‘Alabamas’ y otros estados antes de dedicarnos al nivel federal”, dijo Hincapié.

El próximo escenario

Carolina del Sur será escenario de la lucha, ya que está programado que el 1 de enero entre en vigor una ley que otorga a la policía el poder de ejercer políticas migratorias federales. Demandas contra el estado intentan frenar la normativa.

El NCLR, otra organización con histórica participación a favor de los inmigrantes, se prepara para pedir en los próximos meses que el gobernador de Alabama revoque las duras provisiones contenidas en una ley de migración estatal. La organización trabajará junto al Hispanic Interest Coalition of Alabama en la campaña “Una familia. Una Alabama”.

Otros activistas preparan alianzas con grupos empresariales que denuncian el impacto económico de estas leyes; mientras que también habrá organizaciones dedicadas a fortalecer la participación electoral de hispanos para incidir en la conformación de los gobiernos a nivel local.

Leyes más benévolas

Promover legislaciones más positivas para inmigrantes, como las leyes estatales DREAM Act que permiten a estudiantes indocumentados acceder a la universidad, también está entre los planes de los grupos pro migración.

“Nuestra lucha no solo será defensiva. Intentaremos ser activos en la ofensiva”, opinó Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración.

Cáceres, la inmigrante ecuatoriana, casi fue deportada porque tras una redada en la fábrica textil en la que trabajaba en 1997, las autoridades le pidieron que abandonara el país de forma voluntaria.

No lo hizo y se convirtió en una fugitiva y, con ello, en una de las personas que el gobierno considera prioritario deportar, explicó Harold Ort, portavoz de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La ecuatoriana también tiene un antecedente criminal, señaló Ort. Cáceres contó que cuando un sobrino suyo robó un par de zapatos de un centro comercial hace una década, ella asumió la responsabilidad. No fue arrestada, pero cumplió varias horas de servicios a la comunidad como sanción.

300 mil casos en la mira

En noviembre, el DHS empezó a revisar los 300,000 casos de deportación pendientes en las cortes de inmigración y ha dicho que dará prioridad a la deportación de quienes representen una amenaza para la seguridad pública o nacional.

John Morton, director de ICE, emitió un informe en junio diciendo que reduciría las deportaciones de estudiantes, miembros del ejército, ancianos o inmigrantes con parientes cercanos que son ciudadanos estadounidenses, entre otras categorías.

Según David Sperling, abogado de Cáceres, su patrocinada cumple varias de esas características pero estima que el ICE contraviene sus políticas y se enfoca en cumplir ciertos cupos.

“ICE tiene un presupuesto para deportar miles de personas al año. Me parece a mí que cuando se les acaban los delincuentes, miran al fondo de la lista e intentan arrestar a todos los que pueden para llegar a su cupo” de migrantes expulsados, explicó.

Otro caso que ameritó una corrección de las autoridades fue el del mexicano Francisco Cortez López, quien vivía sin autorización en Estados Unidos y fue deportado a Tijuana el 15 de noviembre a pesar de que su vida peligraba si dejaba de recibir dos diálisis que recibía como parte de los servicios públicos cada semana.

Tras denunciar públicamente que en México no tenía recursos para pagar el tratamiento, sin el cual moriría, Cortez, quien trabajaba como plomero y electricista, recibió una visa humanitaria para volver a Estados Unidos.

Hispanos decepcionados

Los hispanos, quienes representan la mayoría de los casi 400,000 deportados en el año fiscal que terminó en septiembre, han expresado su decepción a la política migratoria de Obama.

Pero también están grupos como la Federación Americana para una Reforma Migratoria (FAIR) que se ha mantenido a favor de negar empleo a inmigrantes no autorizados para vivir en Estados Unidos.

Jack Martin, portavoz de FAIR, aseguró que la organización continuará asesorando a los estados que consideren impulsar medidas “para frenar la llegada de nuevos indocumentados; medidas similares a la ley de Arizona adoptada en 2007″.

“Tenemos de nuestro lado la opinión publica que está en favor de medidas estrictas en contra de inmigración ilegal y favor de una reducción en la inmigración legal”, aseguró Martin.

‘Esperanzas para una reforma migratoria a nivel federal no existen porque la política ahora es que realmente no tenemos los votos. No hay suficientes demócratas ni republicanos con la voluntad de aprobarla’.

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los servicios de inmigración fraudulentos se han vuelto tan sofisticados que se publicitan en la internet a través de sitios que imitan a la perfección los de las agencias del gobierno, dijeron funcionarios estadounidenses el jueves al presentar una campaña nacional de concientización contra esos delitos.

Funcionarios de agencias nacionales, estatales y locales, además de abogados y defensores de los inmigrantes se reunieron en Newark para ampliar a todo el país una campaña piloto que comenzó en siete ciudades. Su enfoque es una combinación de represión, educación y colaboración entre agencias.

“No son sólo fraudes de alta tecnología, son gente en los barrios: gente que conoce gente, gente que sale a estrecharte la mano”, dijo Kelvin Chen, un abogado de la Comisión Federal de Comercio, al hablar sobre la necesidad de elevar la conciencia de los inmigrantes, que suelen ser víctimas de delincuentes de sus propias comunidades.

La campaña apunta a enseñar a los inmigrantes, tengan o no sus papeles en regla,

La campaña apunta a educar a los inmigrantes, tengan o no sus papeles en regla, sobre la manera de evitar desde proveedores de servicios sin licencia hasta los sitios de internet que imitan a los del gobierno. La mayoría de los defraudadores son personas que ofrecen ayuda legal u otros servicios a los inmigrantes, les cobran dinero y luego no cumplen con lo que prometen.

La iniciativa también busca informar a los inmigrantes acerca de cómo obtener ayuda legal legítima y denunciar el fraude. Comenzó como programa piloto en Atlanta, Baltimore, Detroit, Los Angeles, Nueva York, San Antonio y Fresno, California.

Encabezada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), la campaña incluye avisos publicitarios, carteles y octavillas en inglés y español, y un sitio de internet con información en otros 12 idiomas. Funcionarios de USCIS dijeron que buscan fortalecer los lazos en los niveles federal, estatal y municipal para mejorar la coordinación, información y la represión del delito.

Varios oradores en la conferencia del jueves dijeron que suele ser difícil conseguir que las víctimas de fraudes inmigratorios los denuncien, sea por miedo a la deportación o debido al trauma de ser despojadas no sólo de su dinero sino también de documentos importantes tales como sus actas de nacimiento, que los individuos inescrupulosos suelen robar.

Cuando llegan a las oficinas del abogado Lloyd Bennett, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, suelen haber pasado antes por sitios equivocados. Bennett dijo que uno de los problemas en Nueva Jersey es el de los “notarios”, oficinas que ofrecen servicios de inmigración en las comunidades hispanas. Muchos traducen mal la palabra inglesa “notary”, una persona sólo autorizada a certificar firmas, como “notario”, que en los países de habla hispana son abogados.

“Mis clientes no tienen la menor idea de lo que sucede. Ven el cartel de ‘notario’, entran y los defraudan”, dijo Bennett. “Les dan formularios o solicitudes para programas que no existen, les roban su dinero, o a veces presentan sus solicitudes, pero incorrectamente, y cuando se dan cuenta suele ser demasiado tarde”.

Así como en Arizona y Alabama se han promovido legislaciones que restringen derechos a los inmigrantes sin papeles, en California se estará impulsando una iniciativa que otorgaría permiso de trabajo legal a los indocumentados.

Se trata del “Plan California”, una iniciativa que ayer se reveló en el Congreso Latino que se llevó a cabo en el Pitzer College de Claremont, con la cual se estaría desafiando a las leyes federales ante la inacción del Congreso y de la Casa Blanca respecto a la reforma migratoria.

“El Plan California plantea ofrecer estatus legal que da derecho a trabajar a los inmigrantes indocumentados que alcanzan ciertos requisitos solo en California”, mencionó Antonio González, integrante del comité organizador del Congreso Latino.

Si los indocumentados cumplen con el pago de impuestos, no tienen delitos graves, no reciben beneficios del Welfare, entre otros, y son aprobados luego de un proceso de revisión, recibirían un número como el del Seguro Social, pero californiano, con el cual podrían trabajar de manera legal en el estado, explicó González.

Se estima que tres cuartas partes de los indocumentados en California podrían resultar beneficiados con este plan.

Este año el Congreso Latino, en su edición estatal, un evento anual que reúne a organizaciones que promueven los derechos de los hispanos, se enfocó en impulsar esta iniciativa como parte de su agenda pro inmigrante.

“Es un plan que hemos diseñado muy cuidadosamente para ganarlo en las elecciones estatales”, indicó González.

La próxima semana se estará iniciando el proceso administrativo en el gobierno estatal, para en enero dar inicio a la recolección de firmas (esperan recabar 750 mil en cuatro o cinco meses) y que aparezca en la boleta electoral de las elecciones de noviembre de 2012.

González calificó el Plan California como la antítesis de las leyes de Arizona y Alabama.

“Estamos usando poderes estatales y pidiendo un permiso de Washington, D.C., para hacer esto, porque confrontamos las leyes federales. Otros estados ya han hecho políticas públicas migratorias y han sido avaladas por la Suprema Corte”, mencionó en referencia a las legislaciones antiinmigrantes de Arizona y Alabama.

Sería una iniciativa de confrontación de las leyes federales como se hizo con la legalización de la marihuana para uso medicinal, apuntó.

Según las encuestas, más del 60% de los votantes, incluyendo a los electores anglosajones, aprobarían la iniciativa.

Nativo López, director de la Asociación Política México Americana (MAPA), dijo que uno de los objetivos del Congreso Latino es cambiar la narrativa sobre la reforma migratoria.

“Uno de los problemas más candentes es el de immigración, ya que no ha habido ninguna reforma federal, ni un indicio verdadero a nivel federal, lo que nos impone a nosotros, a nivel de estado, la prioridad de tomar la iniciativa para ver la forma de llevar a cabo una reforma migratoria estatal, ya no poner la confianza en los legisladores federales o en la Casa Blanca”, mencionó.

Y es que los participantes en el Congreso Latino reconocieron las pocas probabilidades de que a nivel federal se pueda llevar a cabo una reforma migratoria que ofrezca garantías a los indocumentados.

En el Congreso Latino estuvo presente el supervisor Mark Ridley-Thomas, quien habló sobre la importancia de colaborar para promover soluciones y contribuir en la discusión de los temas que afectan a la comunidad.

Se enfocó más en la necesidad de reformar el sistema de justicia criminal, en específico la Ley de los 3 Strikes.

El supervisor la calificó de una ley costosa que no resuelve los problemas de reincidencia delictiva y de inseguridad.

En el Congreso Latino también se abordaron temas de educación, empleo, reconfiguración de distritos electorales, medio ambiente y justicia económica.

“It’s a big paquete”, comentó Ángela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), una agenda que busca construir poder político para obtener cambios sociales.

‘El Plan California plantea ofrecer estatus legal que da derecho a trabajar a los inmigrantes indocumentados que alcanzan ciertos requisitos solo en California’.

En los pasillos del Congreso se debate el futuro de los 11 millones de indocumentados

La Ley HB 56 de Alabama, catalogada por defensores y detractores como la más dura en su tipo, asustó a varios senadores que están a favor de una reforma migratoria que permita legalizar a la mayoría de los indocumentados que viven en Estados Unidos.

“El prohibir el acceso al agua potable constituye una violación a los derechos humanos”, dijo a Univision.com una fuente del legislativo que pidió mantener su nombre en reserva porque no estaba autorizado para emitir declaraciones. “Se trata de una ley que viola la Constitución y no resuelve el problema”.

Entre otras medidas, la ley migratoria de Alabama criminalizó la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país excepto Arizona sigue siendo una falta de carácter civil no penal), autorizó a las policías locales a detener individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, convirtió en delito el que un indocumentado gestione una licencia de manejar o de negocios, castiga a quienes den ayuda a un inmigrante sin papeles y exigió que las escuelas verifiquen el estado migratorio de alumnos nuevos al igual que sus padres.

Frenos temporales

El 18 de septiembre una corte de distrito detuvo partes controversiales de la medida, entre ellas la prohibición de que los extranjeros sin papeles pidan trabajo en la calle, y dar asistencia o transportar en un vehículo a un indocumentado.

A mediados de octubre un tribunal federal de apelaciones bloqueó la autorización para que las escuelas públicas verifiquen el estado migratorio de sus alumnos nuevos, y dictó que no constituye delito el no portar documentos de identidad.

Pero permitió que la policía local siga arrestando a individuos si sus agentes tienen duda que se tata de extranjeros sin permiso de estadía en Estados Unidos.

“Es una ley severa que no revuelve el problema”, dijo la fuente legislativa. “Varios senadores se sorprendieron por el alcance de la medida y están buscando la manera de contrarrestarla. La solución al problema de la inmigración indocumentada pasa por una reforma migratoria comprensiva que incluya una vía regulada de legalización”, puntualizó.

Guerra de estrategias

Para los republicanos, la inacción del congreso federal en el tema migratorio motivó el surgimiento y la aprobación de leyes como las de Arizona (SB 1070) y Alabama (HB 56). Y para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes el avance de este tipo de medidas radica en la falta de liderazgo tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.

Durante la campaña presidencial 2008 el entonces candidato presidencial demócrata, Barack Obama, prometió que empujaría una reforma migratoria en el primer año de su mandato, es decir, durante 2009. Pero las guerras en Irak y Afganistán, la crisis económica y el debate de la reforma de salud, entre otros asuntos, postergaron indefinidamente el compromiso.

En la elección de medio tiempo del primer martes de noviembre de 2010 los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes y varias sillas en el Senado, resultado que permitió a los republicanos asentar su postura de rechazo a cualquier intento por legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Cuesta arriba

¿Qué futuro tiene entonces la reforma migratoria si en ninguna de las cámaras existen los votos necesarios para ser aprobada? Ninguno. Pero algunos apuestan por la conquista de un liderazgo perdido que abriría las puertas a futuras negociaciones, después de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos o la reelección de Obama para un segundo mandato.

“Siempre habrá negociaciones”, dijo Vanessa Cárdenas, directora de Progresss 2050, un programa del Center for American Progress (CAP) con sede en Washington DC. “Muchos congresistas tienen una trayectoria a favor de una reforma migratoria integral y no van a abandonar sus compromisos con los electores que les dieron el voto para sentarlos en el Congreso”.

Cárdenas agregó que “había conversaciones” entre algunos senadores para la búsqueda de un “paquete de reforma” y que se esperaba que al final del día asome “un plan que pueda tener probabilidades de avanzar y ser aprobado en ambas cámaras”.

“No podemos negar que toda iniciativa que venga del congreso para restablecer orden en este sistema de leyes migratorias quebrantadas es bien vista, siempre y cuando el esfuerzo no sea ficticio”, dijo Jorge Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Sin embargo, tantas veces nos hemos alegrado que ahora somos más cautelosos antes de decir sí o no”.

Pago pendiente

“Es importante que los legisladores hagan algo para la comunidad latina”, apuntó Cárdenas. “La reforma migratoria tiene que ser prioridad para los congresistas. Y no sólo por una cuestión de votos para una elección, sino porque muchos están obligados a demostrarle a sus electores que están haciendo algo para solucionar el problema de la inmigración”.

“Y también para mostrar a los republicanos, para que se sepa donde están, por qué no quieren aprobar una reforma migratoria comprensiva”, añadió.

En cuanto a las conversaciones que a puertas cerradas sostienen varios senadores, Cárdenas dijo que en esta instancia las organizaciones pro inmigrantes “no hemos sido invitados, pero sabemos que se llevan a cabo y que están buscando alguna versión que pudiera ser presentada, un plan comprensivo”.

“Sabemos que los demócratas no van a poner un plan sin el respaldo republicano porque entonces no contarían con los votos necesarios para ser aprobado”, dijo.

Para que la reforma migratoria se apruebe se necesitan 218 votos en la Cámara de Representantes (los demócratas tienen 193 frente a 242 republicanos) y 60 en el Senado (los demócratas tienen 51 frente a 47 republicanos y 2 independientes).

La vanguardia

Algunos nombres citados por Cárdenas corresponden a los senadores (Charles) Schumer (Nueva York), (Robert) Menéndez (Nueva Jersey), (Patrick) Leahy (Vermont) y (Harry) Reid (Nevada), todos ellos demócratas y que han presentado en varias ocasiones una iniciativa de reforma migratoria.

“Ahora están negociando un plan viable. Será difícil, lo sabemos, porque los republicanos no quieren una reforma migratoria integral”, señaló Cárdenas.

El 22 de junio Schumer, Menéndez y Reid, junto al también senador Dick Durbin (demócrata de Illinois) presentaron una propuesta de reforma migratoria que incluía un programa de residencia para millones de inmigrantes indocumentados que carecen de antecedentes criminales y paguen multas.

El plan también propuso incrementar las medidas de seguridad para detener la inmigración indocumentada y recomiendó mejorar la herramienta federal E-Verify, para que las empresas puedan verificar el estado migratorio de sus trabajadores.

Otros detalles

La iniciativa recomendó que los favorecidos sean fichados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ministerio que tomará datos biométricos y datos biográficos a quienes califiquen para regularizar sus permanencias.

Para calificar, los inmigrantes debían pagar una multa de $500 más las tasas que cobra el servicio de inmigración por el proceso de formularios que se utilizan para ajustar la permanencia legal en el territorio estadounidense.

Los favorecidos entrarían en un período de prueba donde recibirían una residencia temporal de cuatro años. El beneficio incluía un permiso de trabajo y autorización de viaje pasa salir y reingresar a Estados Unidos. Los familiares inmediatos del beneficiario –cónyuges e hijos menores de edad solteros- también eran elegibles para el programa.

El proyecto indicaba que Los autorizados para ajustar el estado migratorio debían esperar por un cupo de visa, el que podría demorar hasta ocho años. También debían pagar impuestos, pagar una segunda multa de $1,000 al momento de recibir la notificación de una visa disponible, aprender inglés y educación cívica de Estados Unidos.

De la seguridad fronteriza el plan demócrata de reforma migratoria añadía un incremento en los sistemas de vigilancia en la frontera para detener el ingreso indocumentado. Y establecía una revisión de los activos y personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incrementarlos en caso de ser necesario.

El proyecto no fue debatido por falta de un acuerdo bipartidista previo que garantizara su aprobación en ambas cámaras del Congreso.

Bases para un diálogo

Al ver la actual configuración del legislativo “se nos quita el optimismo”, dijo Katherine Vargas, secretaria de prensa del Foro Nacional de Inmigración (National Immigration Forum –NIF-). “Pero me parece importante notar que obviamente los demócratas están tratando de diferenciar cuáles son sus propuestas de inmigración” y elaborar un proyecto para ser debatido y que cuente con apoyo republicano.

Vargas, sin embargo, opina que “más allá de propuestas que muchos piensan no van a llegar a ningún lado, lo que se está buscando es liderazgo” para poder entonces sentar las bases de un diálogo bipartidista que de resultados favorables y ponga fin al padecimiento que viven 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Pero el punto que preocupa a Vargas, por el momento, no es la lucha por la conquista del liderazgo perdido en el Congreso para el manejo del tema migratorio, sino la implementación de los recientes cambios anunciados por el gobierno de Obama a la política de deportaciones.

“La administración dio en agosto un anuncio de una mejor política de deportaciones y debería implementarla de mejor manera. Necesitamos ver resultados concretos y urge mejorar la puesta en vigor de estas medidas”, subrayó.

Medida discrecional

El 18 de agosto el gobierno federal anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigraciòn (AILA) advirtió que no existe una manera “segura” de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración estadounidense, y que por nada se ponga en contacto con las autoridades de inmigración, porque “puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación”.

“Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos”, subrayó AILA.

Liderazgo debilitado

Vargas dijo la puesta en vigor de las medidas demostraban que el gobierno federal “no tiene liderazgo” y con ello le sigue dando argumentos a los gobiernos estatales “para que se tomen este espacio, como ocurrió en Alabama, donde el Asamblea convirtió a los profesores en agentes del servicio de inmigración”.

La fuente del Congreso dijo que la polémica ley HB 56 de Alabama provocó un “enorme impacto interno” en el Senado, “cruzó la línea” y aseguró que las conversaciones que se llevan a cabo tienen el propósito de “revertir la situación”.

La Casa Blanca tiene una responsabilidad moral con el electorado latino y la comunidad inmigrante y mientras se prepara el terreno para una discusión a nivel legislativo, pedimos un paro a las deportaciones de nuestras familias.

Cabrera dijo que “cualquier iniciativa confrontará oposición feroz de los Republicanos, pero les avisamos que marchen con mucha cautela porque, si bien cuentan con un porcentaje del voto latino, podrían contar con menos, especialmente en elecciones a nivel local y regional”.

“También el aviso es para los demócratas y la Casa Blanca que si piensan en presentar alguna propuesta, que den todo por todo y que no jueguen con nuestra comunidad”, concluyó.

Siete precandidatos republicanos discutieron en Las Vegas en el 8vo debate para decidir quién será el contrincante de Barack Obama en la disputa por la Casa Blanca. A pesar de la importancia del voto latino en el estado –un cuarto de los habitantes de Nevada son hispanos- ninguno mencionó la posibilidad de aprobar una reforma migratoria.

Todo lo contrario. Los postulantes dijeron que querían aumentar la seguridad en la frontera; penalizar a empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados, y ninguno dijo cómo ayudaría a los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos.

Incluso, Herman Cain, el actual líder de la contienda, quien dijo el fin de semana que su postura migratoria consistiría en implementar una reja eléctrica que mate a quien trate de atravesarla; no se retractó del todo de su postura radical, y más bien subrayó que no se arrepiente de cualquier propuesta que proteja a los soldados que vigilan la frontera con México.

“Sí, creo que debemos asegurar el muro de verdad”, dijo Cain, “y será por medio de una combinación de un muro, tecnología, y posiblemente botas (soldados) en el terreno para las partes más peligrosas”. El antiguo CEO de Godfather’s Pizza concluyó que “teníamos que cerrar la puerta trasera para abrir la puerta de adelante”.

Pero, ¿a qué se refirió Cain con “cerrar la puerta trasera”?

El empresario afroamericano lo dijo bien claro en el escenario en Nevada: “darles el poder a los estados para hacer lo que el Gobierno Federal no está haciendo”. Esto implica su respaldo tácito a las leyes migratorias HB56 de Alabama y 1070 de Arizona, las más atroces que se han aprobado en Estados Unidos.

Por su lado, el Gobernador de Texas, Rick Perry, habló del “imán” que representan los empleos en Estados Unidos, y de ir duramente en contra de los contratistas que le brinden trabajos a quienes no tienen papeles.

De hecho, en lo que fue quizás el intercambio más personal y contencioso del debate, Perry acusó a Mitt Romney, el antiguo Gobernador de Massachusetts y candidato más fuerte de la contienda, de haber empleado a indocumentados y de ser un “hipócrita” respecto a su política migratoria.

“Empleaste a ilegales en tu casa y lo supiste durante un año”, reclamó Perry.

Romney intentó defenderse por medio de una larga explicación: dijo que cuando descubrió -por segunda vez- que una compañía de paisajismo había enviado empleados indocumentados a cortar la grama de su casa los despidió inmediatamente.

Romney agregó que es difícil saber si los contratistas privados emplean indocumentados, y que por ello esboza implementar el sistema E-verify. Sin embargo, el episodio ha sido vergonzoso para Romney desde que el diario The Boston Globe publicó esa historia en diciembre de 2006.

Perry también fue atacado por su récord migratorio, tanto por el llamado “Texas Dream Act” –que les otorga becas a ciertos estudiantes sin papeles- y por las acusaciones de Romney de que el número de indocumentados en Texas ha aumentado; mientras que se ha mantenido en estados como California y Florida.

No obstante, el texano, quien hoy tuvo una de las mejores noches en su historial de debate, se mantuvo firme en su postura de construir un “muro virtual”, respaldado por la tecnología de aviones imperceptibles o drones para “impedir el paso de los carteles de la droga, armamento e…indocumentados”, agregó al final titubeando.

Todos los precandidatos también vacilaron ante la pregunta sobre si apoyaban la enmienda número 14 de la Constitución, que les otorga la ciudadanía a quienes nacen en Estados Unidos.

Finalmente, Perry aseguró que sí estaba de acuerdo con mantener la enmieda. Pero, la congresista de Minnesota, Michelle Bachmann, dijo que eso se refería a los llamados “bebés ancla” o anchor babies, que consumen recursos del estado. Bachmann aseguró que este tema se tenía que tratar por medio de legislación.

Ante la pregunta de un miembro de la audiencia, sobre cómo los precandidatos pretendían atraer el voto hispano, el único que pareció dar una respuesta aceptable fue Newt Gingrinch, antiguo vocero de la Cámara Baja, quien dijo que -al igual que los demás- los latinos quieren trabajos, un futuro y el poder proveer para sus familias.

La comentarista de CNN, María Cardona, concluyó en un análisis post-debate que los republicanos demostraron no saber hablarle a la comunidad latina, y que se evidenció una completa “falta de respeto y falta de comprensión” ante los temas hispanos.

Cardona destacó que ningún candidato republicano puede ganar la Casa Blanca con menos de 40% del voto hispano.

Gobierno insiste en que la prioridad son los indocumentados con antecedentes criminales

Estados Unidos deportó durante el año fiscal 2011 unos 397 mil indocumentados, cifra que impone un nuevo récord pese a los pedidos de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes para que el gobierno del Presidente Barack Obama cambie su política de expulsiones.

De los 397 mil deportados 210 mil tenía antecedentes penales, cifra que también constituye un récord.

Durante el año fiscal 2010 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a poco más de 392 mil y de ellos 195 mil tenía antecedentes criminales.

Las cifras fueron entregadas el miércoles por John Morton, director de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), durante una audiencia ante el Subcomité de Políticas y Control de Inmigración de la Cámara de Representantes.

Morton comentó que las eran “bastante sólidas” y se congratuló por los resultados alcanzados por la agencia federal.

Prioridad de Obama

ICE sigue “poniendo el énfasis en nuestras más altas prioridades”: deportar criminales, personas que constituyan un peligro para la seguridad nacional, personas que cruzan la frontera de México a Estados Unidos y reincidentes que ya fueron deportados anteriormente, dijo Morton.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes sostienen que un elevado porcentaje de deportados no tiene antecedentes criminales que los convierta en una amenaza para la seguridad nacional.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) reiteró que entre seis y siete de cada 10 deportados durante el año fiscal 2010 no tenía antecedentes criminales graves.

Redadas silenciosas

Morton también dijo durante la audiencia en el Congreso que durante al año fiscal 2011, ICE realizó 25 mil auditorías a empresas para constatar que no empleen trabajadores indocumentados.

Durante los operativos, que los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes califican de “redadas silenciosas”, ICE detuvo a 217 empleadores, 15 mil trabajadores sin autorización de permanencia ni permiso de trabajo e impuso multas por $6 millones.

Las auditorías forman parte del programa federal E-Verify, una gigantesca base de datos que forma parte de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno federal tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011.

Voluntario, por ahora

Por ahora el reglamento federal establece que los empleadores acceden voluntariamente al sistema -a través de Internet- y faculta al DHS para que verifique la identidad de cualquier trabajador (nacional o extranjero), coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos (entre ellas la del FBI), y compruebe que tiene visa o permiso para laborar en el país.

El E-Verify fue aprobado en noviembre de 2003. Miles de empresas han sido auditadas por el DHS y las identidades de millones de trabajadores han sido verificadas, muchas veces sin que los empleados se den cuenta.

Este tema le preocupa a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que asegura que la revisión silenciosa hecha por el gobierno federal contraviene los derechos civiles.

Críticas a Obama

Durante la audiencia del miércoles, legisladores republicanos reiteraron su denuncia de que el gobierno de Barack Obama conceda una “amnistía administrativa” de hecho a cientos de miles de indocumentados por su nueva política de priorizar la expulsión de personas con antecedentes.

“Este gobierno parece comprometido con una amnistía encubierta (…). En el último año el gobierno de Obama ha intencionalmente permitido que inmigrantes ilegales permanezcan en Estados Unidos”, sostuvo el congresista Lamar Smith.

Smith, jefe del comité Judicial de la Cámara de Representantes, ha impulsado varios proyectos de ley para endurecer las leyes migratorias, entre ellos uno para impedir que el gobierno pueda priorizar unas deportaciones sobre otras.

La representante demócrata Zoe Lofgren se refirió, por su parte, a la necesidad de ese tipo de políticas de alivio, debido a la falta de recursos del ICE para deportar a 11 millones de indocumentados en el país.

Morton rechazó la posibilidad de una amnistía. “Queremos enfocar nuestros limitados recursos en aquellos que sea más sensato” deportar, agregó.

El récord anterior

En octubre del año pasado, al término del año fiscal 2010, el DHS anunció que había deportado a poco más de 392 mil indocumentados con antecedentes criminales.

Durante el año fiscal 2009 la cantidad fue de 389 mil.

En esa ocasión, la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, dijo que “este gobierno se ha centrado en velar por el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración de una manera sensata y eficaz, que le da prioridad a la seguridad pública y nacional”.

“Esta estrategia ha producido resultados históricos, y se ha deportado a más delincuentes extranjeros condenados que nunca antes y se han emitido más sanciones pecuniarias que durante todo el gobierno anterior contra empleadores que infringen las leyes de inmigración”, afirmó.

Dos semanas después de entrada en vigor la ley migratoria más dura en Estados Unidos, miles de indocumentados en Alabama no saben qué les deparará el futuro inmediato. Cientos ya se se fueron, otros alistan maletas o firman poderes notariales para encargar a sus hijos en caso sean expulsados, y los menos se quedan encerrados en sus casas, esperando un milagro, que frenen la HB 56 y puedan nuevamente enviar a sus pequeños a la escuela.

“Tenemos mucho miedo”, dijo María a Univision.com, una trabajadora inmigrante que vive en Birmingham desde 2005. Su nombre, sin embargo no es María. Pidió mantenerlo en el anonimato para que no la arresten, la metan en una cárcel y después la deporten.

“La semana pasada, hace ocho días, “nació mi hijita”, dijo emocionada. “Mi esposo se encuentra detenido. Lo metieron preso. Me avisaron que lo pusieron en proceso de deportación y que lo van a mandar para nuestro país. ¿Qué podemos hacer? La nueva ley es muy dura”.

Bajo el amparo de la Enmienda 14 de la Constitución, la hijita de María es ciudadana estadounidense.

“Es un caso triste”, dijo Xiomara Corpeño, directora de campañas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Le estamos comunicando a esta familia sus derechos en Estados Unidos y ayudándoles en las tradducciones, porque no saben inglés. Necesitan asistencia y eso es lo que estamos haciendo en Alabama”.

El fallo de Blackburn

A finales se septiembre la jueza de distrito Sharon Blackburn emitió un fallo en un documento de 115 páginas y permitió que las policías de Alabama detengan a sospechosos de ser indocumentados si tienen una sospecha razonable para detenerlos por no tener papeles, y negarles una fianza.

“Mi esposo venía para la casa de regreso de su trabajo, a eso de las seis de la mañana”, contó María. “Pero la policía lo detuvo porque no tiene licencia. Venía a buscarme para ir al hospital, porque tenía programada una cesárea en el hospital de Birmingham”.

María no se presentó a la cita, decisión que hizo saltar las alarmas. Siguiendo el protocolo para este tipo de situaciones, el hospital la contactó y le enviaron una ambulancia. “Ya nació mi hijita, pesó cinco libras y 12 onzas, pero mi esposo está preso y lo van a mandar de regreso”.

Los padres de la pequeña no tienen parientes en Alabama. “Tampoco en Estados Unidos. Sólo tengo a mis amigas y otro hijo de dos años y medio que también nació aquí. Mis amigas no son mis parientes, no son nada mío, pero me están echando una mano pasa salir de este problema”.

Línea caliente

La HB 56 entró en vigor el jueves 29 de septiembre, horas después del dictamen de Blackburn. Un día después, el Centro Nacional para las Leyes de Inmigración habilitó una línea caliente, el 1-800-982-1620, para ofrecer ayuda a indocumentados que se vean afectados por la legislación o requieran asistencia legal en caso de ser puestos en proceso de deportación.

La campaña fue secundada de inmediato por varias otras organizaciones de ayuda a los inmigrantes en Alabama. “Estamos redoblando esfuerzos para dar un servicio gratuito”, dijo a Univision.com Vanessa Stevens, de la organización The Hispanic Interest Coalition of Alabama (HICA), en Birmingham. “El servicio es gratis”.

Stevens agregó que los afectados por la HB 56 pueden hacer preguntas, presentar quejas o solicitar servicios, que funciona de lunes a viernes y que los fines de semana y durante las noches “se pueden dejar mensajes y les responderán a la brevedad”.

Por qué lo hacen

“La meta es ayudar a la gente, orientarla para que sepan qué hacer, adónde ir y cómo buscar la asesoría o el consejo legal necesario” para enfrentar la difícil situación generada tras la puesta en vigor de la ley HB 56.

Dijo además que en los cuatro primeros días de funcionamiento, la línea atendió casi mil llamados.

The New York Times dijo en un editorial que un número importante de llamados fueron hechos por mujeres embarazadas que tienen miedo de ir al hospital o madres que no saben si es seguro enviar a sus hijos a la escuela.

La HB 56 ordena a los establecimientos de educación pública que registren si sus alumnos y sus padres tienen o no papeles de estadía legal en Estados Unidos.

Conozca sus derechos

Tanto HICA como el Centro Nacional para las Leyes de Inmigración reiteraron que el número habilitado es el 1(800) 982-1620, y subrayaron que los inmigrantes pueden utilizarlo para hacer una queja creen que han sido víctimas de abuso o discriminación por parte de la policía y otras autoridades del estado de Alabama.

Luego agregó las partes de la ley que fueron suspendidas por la jueza Blackburn, sobre las cuales la corte decretó medidas cautelares. Entre ellas, que las autoridades no pueden detener a los inmigrantes indocumentados que asistan a las universidades públicas.

También fue suspendida la sección que criminalizaba a los inmigrantes indocumentados por buscar trabajo o trabajar como jornaleros en Alabama.

El fallo de la jueza Blackburn también bloqueó la sección que criminalizaba a otra persona que ocultara, diera albergue o transportara a inmigrantes indocumentados.

De los fichajes en las escuelas, HICA apuntó que las escuelas públicas sí pueden determinar el status migratorio de alumnos, pero sólo de los estudiantes nuevos, aquellos que nunca hayan estado registrados en el sistema, y que estudiantes existentes y activamente registrados no tienen que probar o establecer su estatus migratorio.

Nuevos delitos

La HB 56 tipifica que un inmigrante indocumentado que no cargue prueba de su estatus migratorio, podrá recibir cargos criminales menores.

También criminaliza a los indocumentados que soliciten una licencia de manejar o de negocios, y prohíbe al estado otorgar beneficios públicos a inmigrantes sin papeles.

E invalida todos los contratos entre inmigrantes indocumentados y otra persona, excepto en situaciones en donde alguien se esté comprando comida, este recibiendo atención médica y se quede alojado por una noche.

El diario The New York Times dijo que la ley migratoria de Alabama era una “vergüenza” para Estados Unidos, y urgió al presidente Barack Obama a que la frene y ataje el controvertido programa federal ‘Comunidades Seguras’, una herramienta, dijo, que contribuye a fomentar el clima hostil contra los inmigrantes indocumentados con redadas estatales y nacionales.