SAN DIEGO.- La Patrulla Fronteriza de EU implementará nuevas medidas en los límites con México, que evitarán la deportación sin castigar a los inmigrantes que carecen de permiso de residencia e intentan ingresar al país.

Años de enorme crecimiento en términos de personal y nuevas tecnologías, han ayudado a disminuir la detención de inmigrantes no autorizados a su nivel más bajo en 40 años en la frontera.

La cantidad de agentes desde 2004 se ha incrementado hasta 21 mil elementos. Además, se tiene cubierta una tercera parte de la frontera con cercas y otras barreras físicas, y se ha invertido en cámaras y sensores. Grandes avances en la tecnología para el manejo de las huellas digitales han mejorado ampliamente la inteligencia que se aplica a los que cruzan la frontera.

En el año fiscal 2011, los agentes fronterizos hicieron 327 mil 577 detenciones en la frontera con México, un descenso del 80 por ciento en comparación con las más de 1.6 millones en 2000. Fue el año menos activo para la Patrulla Fronteriza desde 1971.

Es un avance enorme en comparación con sólo unos años atrás. Los agentes de mayor edad recuerdan haber sido tan ampliamente superados en número que veían impotentes cómo los inmigrantes cruzaban sin autorización, minutos después de haberlos atrapado y dejado en el cruce fronterizo más cercano.

Mike Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza y miembro de la fuerza desde 1987, recuerda haber aprehendido al mismo inmigrante 10 veces en un turno de ocho horas cuando era un agente joven.

Clasificarán a indocumentados en siete categorías

Ahora la Patrulla Fronteriza siente que tiene la suficiente fuerza como para imponer consecuencias más serias a casi todos los que captura, desde áreas que incluyen el Valle del Río Bravo en Texas hasta San Diego.

El “Sistema de Aplicación de Consecuencias” —una parte crucial de la nueva estrategia nacional a ser anunciada en semanas— se apoya en gran medida en herramientas que han sido utilizadas y ampliadas durante la última década en partes de la frontera.

Clasifica en siete categorías a los que cruzan la franja fronteriza, las cuales van desde los que lo hacen por primera vez hasta personas con antecedentes penales.

Los castigos varían según la región, pero hay un común denominador: el último recurso es el sólo deportar a la gente tras tomarle sus huellas digitales. Algunos, entre ellos los niños y los que están enfermos, todavía recibirán un pase gratuito al ser deportados en el cruce fronterizo más cercano, pero serán pocos y espaciados entre sí.

La práctica vigente por mucho tiempo de deportar a los inmigrantes sin que éstos hayan recibido castigo alguno, conocida como “regresos voluntarios”, es la menos costosa… y también la menos efectiva.

Serían enjuiciados por un delito grave

Para los que violan la ley por primera vez, una buena opción es someterlos a juicio, y también muchas veces se les envía a la Ciudad de México con un boleto sin regreso. Para los traficantes de personas, la mejor opción es que sean enjuiciados en México.

En los últimos años la Patrulla Fronteriza ha puesto en marcha bastantes mecanismos nuevos sin dar mucha consideración en cuanto a si un infractor de primera vez merece un trato distinto al de un inmigrante que ha reincidido en sus intentos por ingresar al país.

Ahora, quienes cruzan por primera vez enfrentan un tratamiento diferente que aquellos que han sido sorprendidos dos o tres veces. Quien lo haga por cuarta vez enfrenta otras penas.

Las consecuencias pueden ser severas para los inmigrantes detenidos y costosas para los contribuyentes estadounidenses. Los inmigrantes que carecen de permiso de residencia pueden ser enjuiciados por un delito grave o ser trasladados a una ciudad fronteriza desconocida para ellos a cientos de kilómetros de distancia a fin de regresarlos a México.

Así, estos inmigrantes quedan fuera del alcance de los traficantes de personas que los ayudaron a cruzar la frontera, cuyos cobros típicos han sufrido un incremento astronómico de precio a entre tres mil 200 y tres mil 500 dólares, y cada vez es más frecuente que les exijan el pago por adelantado en lugar de cobrarles tras llevarlos a territorio estadounidense, afirmó Fisher.

Deberán colaborar otras agencias

Fisher admitió que la nueva estrategia depende en gran medida de otras agencias. Los fiscales federales deben primero acceder a tomar los casos. El servicio de Inmigración y Aduanas debe tener suficiente capacidad en sus centros de detenciones.

En el sur de California, la fiscalía federal no participa en un programa de la Patrulla Fronteriza que somete a un proceso judicial incluso a quienes son capturados por primera vez, con cargos que conllevan hasta seis meses de cárcel, y en lugar de ello opta por procesar solamente los casos más graves, entre ellos los de personas que han efectuado cruces múltiples y las que tienen antecedentes penales.

Laura Duffy, fiscal federal en San Diego, dijo que las limitaciones de recursos, entre ellas una falta de capacidad en los centros de detención, la obligan a tomar las decisiones.

“(En California) no se ha acostumbrado enjuiciar a personas que emigran por motivos económicos que carecen de antecedentes delictivos, las cuales vienen a Estados Unidos a trabajar o a estar con sus familias”, dijo Duffy. “Sí buscamos detener a las personas que contrabandean a esos individuos”.

Fisher preferiría que más casos fuesen enjuiciados al sur de la frontera, pero el gobierno mexicano solamente puede procesar judicialmente a los contrabandistas: el contrabando de inmigrantes es ilegal en México, pero no lo es el cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos.

WASHINGTON, D.C.- El gobierno anunciará el viernes una propuesta con nuevas regulaciones que modificarán la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años, que permitirán a algunos inmigrantes indocumentados iniciar parte de su proceso de cambio de estatus migratorio antes de salir del país.

Hoy en día, un pariente directo de un ciudadano o residente legal, ya sea padres o cónyuge, puede obtener sus papeles, pero esa decisión implica gran inseguridad.

Antes de postular al cambio de estatus, los individuos deben aplicar a una exención o “waiver”. Esta remueve el castigo al que todo indocumentado es sometido: la prohibición de volver al país por cierto lapso.

La Ley del Castigo señala que si la persona residió en Estados Unidos por más 180 días y menos de 365, entonces la prohibición de reingreso es de 3 años. Si se dilató por más de un año, ésta se extiende por una década.

Sistema bajo crítica

Esa es la razón por la que muchos, no toman el riesgo. El sistema ha sido ampliamente criticado, por su burocracia y falta de claridad en el proceso. Sin embargo, la Administración está abriendo una ventana de cambio.

“Esto aliviará la separación prolongada que deben enfrentar las personas que entran en este proceso”, dijo un funcionario del gobierno.

Con las nuevas regulaciones, el indocumentado podrá postular a la exención, desde Estados Unidos, y una vez que obtenga un certificado provisional de su caso, deberá viajar para recoger sus papeles.

Actualmente para que el sistema funcione, el indocumentado debe: salir del país; programar una entrevista con un oficial consular del Departamento de Estado; recibir una notificación formal de su prohibición de volver a Estados Unidos; aplicar al waiver; conseguir una entrevista con un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), esperar la respuesta y si el resultado es positivo, tener otra reunión con personal de Departamento de Estado. De acuerdo a funcionarios del gobierno, este proceso puede durar, por lo menos, seis meses.

“Cuando se adjudican las exenciones, puedes conseguir resultados muy diferentes. Porque los consulados no reportan a nadie, están bajo el Departamento de Estado. No tienes uniformidad. Ahora que este proceso estará bajo el control de USCIS, creo que implicará una mayor consistencia”, explicó Angela Kelley, vicepresidenta para política migratoria del Centro para el Progreso Americano.

Durante el 2012

Aunque los cambios administrativos demoran un periodo considerable, funcionarios de gobierno enfatizaron, que esperan procesar casos bajo las nuevas regulaciones “este año fiscal”.

Según cifras de USCIS, en 2011 se recibieron 23 mil solicitudes para la exención. La tasa de aprobación se situó entre el 70 y 80%.

Según cifras del Instituto de Política Migratoria, en general, un 75% de las aplicaciones se tramitan en la oficina consular de Estados Unidos ubicada en Ciudad Juárez.

“No tenemos estimaciones respecto a cuánto van a aumentar las peticiones de waivers, pero una de las cosas que haremos, mientras nos preparamos para implementar las nuevas regulaciones, es adquirir la flexibilidad para enfrentar los volúmenes que recibiremos”, comentó un funcionario de la Administración.

Esperanzas de cambios

Uno de los elementos que no serán modificados es el requerimiento principal para obtener la exención: demostrar que la ausencia de la persona indocumentada expone a una situación de “dureza extrema” al ciudadano que lo está pidiendo.

USCIS tiene una lista de documentos que se deben presentar para probar esto, como por ejemplo, el impacto financiero, pero no existe una definición concreta de este concepto, ni una directriz clara de cómo aplicarlo.

“Están haciendo esto con pasos pequeños. Estoy decepcionada de que no hayan modificado este estándar, pero creo que igual veremos cambios en cómo es aplicado”, comentó Kelley.

Consultados por La Opinión, funcionarios del gobierno indicaron que si la exención es denegada, la persona no será puesta en proceso de deportación si su caso no corresponde con las prioridades de inmigración. Es decir, si no ha cometido delitos y tiene lazos fuertes con el país.

Esperan más cambios

Organizaciones pro inmigrantes esperan que todavía exista lugar para cambios en las regulaciones. “Este es un paso inmenso para mantener a las familias unidas. Pero necesitamos más. Presionaremos porque este beneficio también se extienda a residentes legales”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.

Esta decisión del gobierno, se suma a modificaciones importantes en el campo migratorio realizadas el año pasado, que incluyen tanto las nuevas guías para la aplicación de discreción procesal, como la revisión de más de 300 mil casos pendientes de deportaciones.

Al otro lado de la balanza, sin embargo, están las cifras récord de deportados, con 397 mil sólo en 2011. La cifra marcó el tercer récord consecutivo durante el gobierno de Obama, que asumió el 20 de enero de 2009.

NUEVA YORK — El 2011 fue un mal año para los indocumentado en Estados Unidos. Ello motivó un cambio de estrategia. Inmigrantes y activistas se enfocarán en 2012 en evitar que más estados del país aprueben duras leyes migratorias que han afectado la vida de los hispanos.

Julia Cáceres nunca olvidará cuando cinco agentes se plantaron en la puerta de su casa de Queens a las 06:30 del 20 de septiembre.

“Dijeron que venían por mí. Me sacaron en pijama. Ni me dejaron decir nada a mis hijos”, relató la ecuatoriana que no tiene autorización para residir en Estados Unidos. Fue llevada a la sede policial de Nueva York, a una cárcel de Elizabeth, en Nueva Jersey, a otra de Newark, en el mismo estado, para acabar en un centro de detención de Jena, en Louisiana.

El 20 de octubre, una agente a bordo del avión que la iba a deportar a Ecuador se dio cuenta de que sangraba y la sacó del aparato. Cáceres estaba embarazada, pero en medio de esta experiencia perdió el bebé. Las autoridades la devolvieron a Nueva York por razones médicas.

Promesa incumplida

La prometida reforma migratoria que al presidente Barack Obama le valió el apoyo hispano en las pasadas elecciones, parece ahora esfumarse. Tanto organizaciones de defensa de inmigrantes como el gobierno de Obama consideran improbable su aprobación antes de noviembre de 2012.

Así que los esfuerzos se centrarán en impedir que se propague por el país la tendencia de imponer rigurosas legislaciones a nivel estatal que están causando estragos, no solo a nivel social entre los inmigrantes sino en la economía.

Activistas como Sarahi Uribe, coordinadora de campaña de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) saben que “esperanzas para una reforma migratoria a nivel federal no existen porque la política ahora es que realmente no tenemos los votos. No hay suficientes demócratas ni republicanos con la voluntad de aprobarla”.

“Tampoco ocurrirá en los próximos años. Por eso nos estamos enfocando en las batallas locales”, explicó.

Clima desfavorable

La directora del Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles, Marielena Hincapié, coincidió en que “el clima político no parece estar ahora abierto a un proyecto federal de ley migratoria. Los republicanos no querrán darle a Obama esa victoria”.

El panorama está pintado por las cifras de deportaciones más altas de la historia, que reflejan una persecución a los inmigrantes como pocas veces antes se vio y con ello proliferan historias de distanciamiento entre familiares y desarraigo.

Con esa coyuntura, la reforma migratoria quedó desplazada por debates sobre el papel que juegan los estados y departamentos de policía locales en políticas de inmigración y sobre si la autoridad sigue la directriz del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de deportar especialmente a quienes representen un peligro para la seguridad.

Ese giro se dio en virtud de que a falta de una reforma federal, estados como Arizona o Alabama impulsaron sus propias leyes de inmigración, forzando en algunos casos a padres a mostrar el estatus migratorio de sus hijos cuando los inscriben en la escuela, o promoviendo que policías interroguen a alguien sobre su estatus si tienen “sospechas razonables” de que no está autorizado para permanecer en el país.

Estados antiinmigrantes

Este año 30 estados presentaron su propia legislación migratoria, aunque en 20 fueron rechazadas. En otros cinco, estas leyes podrían ser consideradas y en los cinco restantes —Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur— legislaciones en contra de la llegada de inmigrantes sin autorización han sido aprobadas. El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra varias de esas legislaciones.

Aproximadamente 820 mil inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos habitan en los cinco estados donde se aprobaron dichas leyes, según datos del Pew Hispanic Center.

La misma organización calcula que al menos otro millón de inmigrantes, en la misma situación de incertidumbre legal, viven en los cinco estados donde este tipo de legislación podría ser considerada: Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Illinois.

Los activistas luchan por contrarrestar los efectos de esas medidas estatales y desincentivarlas.

Por ejemplo, Elena Lacayo, coordinadora de Inmigración del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), destacó que en Alabama, uno de los estados que aplicó drásticas normas antiinmigración, “los agricultores no quieren sembrar porque no saben quién podrá recoger después la cosecha”. Para realizar esa labor suelen contratar a extranjeros que muchas veces residen ilegalmente en el país.

Escases de trabajadores

El Consejo de Negocios Agrarios de Georgia calculó que la falta de mano de obra en las granjas del estado ha provocado pérdidas de $300 millones y podrían ascender hasta los 1,000 millones de dólares si no se revierte la escasez de trabajadores ocasionada por el éxodo desatado por una rigurosa legislación migratoria impuesta.

La seguridad pública se verá afectada también por estas leyes, pronosticó Lacayo, a raíz de que los inmigrantes no se atreverán a reportar crímenes aunque sean víctimas o testigos de ellos.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) concentrarán sus esfuerzos en 2012 en batallar contra las iniciativas estatales.

“Lo que haremos será cambiar los ‘Alabamas’ y otros estados antes de dedicarnos al nivel federal”, dijo Hincapié.

El próximo escenario

Carolina del Sur será escenario de la lucha, ya que está programado que el 1 de enero entre en vigor una ley que otorga a la policía el poder de ejercer políticas migratorias federales. Demandas contra el estado intentan frenar la normativa.

El NCLR, otra organización con histórica participación a favor de los inmigrantes, se prepara para pedir en los próximos meses que el gobernador de Alabama revoque las duras provisiones contenidas en una ley de migración estatal. La organización trabajará junto al Hispanic Interest Coalition of Alabama en la campaña “Una familia. Una Alabama”.

Otros activistas preparan alianzas con grupos empresariales que denuncian el impacto económico de estas leyes; mientras que también habrá organizaciones dedicadas a fortalecer la participación electoral de hispanos para incidir en la conformación de los gobiernos a nivel local.

Leyes más benévolas

Promover legislaciones más positivas para inmigrantes, como las leyes estatales DREAM Act que permiten a estudiantes indocumentados acceder a la universidad, también está entre los planes de los grupos pro migración.

“Nuestra lucha no solo será defensiva. Intentaremos ser activos en la ofensiva”, opinó Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración.

Cáceres, la inmigrante ecuatoriana, casi fue deportada porque tras una redada en la fábrica textil en la que trabajaba en 1997, las autoridades le pidieron que abandonara el país de forma voluntaria.

No lo hizo y se convirtió en una fugitiva y, con ello, en una de las personas que el gobierno considera prioritario deportar, explicó Harold Ort, portavoz de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La ecuatoriana también tiene un antecedente criminal, señaló Ort. Cáceres contó que cuando un sobrino suyo robó un par de zapatos de un centro comercial hace una década, ella asumió la responsabilidad. No fue arrestada, pero cumplió varias horas de servicios a la comunidad como sanción.

300 mil casos en la mira

En noviembre, el DHS empezó a revisar los 300,000 casos de deportación pendientes en las cortes de inmigración y ha dicho que dará prioridad a la deportación de quienes representen una amenaza para la seguridad pública o nacional.

John Morton, director de ICE, emitió un informe en junio diciendo que reduciría las deportaciones de estudiantes, miembros del ejército, ancianos o inmigrantes con parientes cercanos que son ciudadanos estadounidenses, entre otras categorías.

Según David Sperling, abogado de Cáceres, su patrocinada cumple varias de esas características pero estima que el ICE contraviene sus políticas y se enfoca en cumplir ciertos cupos.

“ICE tiene un presupuesto para deportar miles de personas al año. Me parece a mí que cuando se les acaban los delincuentes, miran al fondo de la lista e intentan arrestar a todos los que pueden para llegar a su cupo” de migrantes expulsados, explicó.

Otro caso que ameritó una corrección de las autoridades fue el del mexicano Francisco Cortez López, quien vivía sin autorización en Estados Unidos y fue deportado a Tijuana el 15 de noviembre a pesar de que su vida peligraba si dejaba de recibir dos diálisis que recibía como parte de los servicios públicos cada semana.

Tras denunciar públicamente que en México no tenía recursos para pagar el tratamiento, sin el cual moriría, Cortez, quien trabajaba como plomero y electricista, recibió una visa humanitaria para volver a Estados Unidos.

Hispanos decepcionados

Los hispanos, quienes representan la mayoría de los casi 400,000 deportados en el año fiscal que terminó en septiembre, han expresado su decepción a la política migratoria de Obama.

Pero también están grupos como la Federación Americana para una Reforma Migratoria (FAIR) que se ha mantenido a favor de negar empleo a inmigrantes no autorizados para vivir en Estados Unidos.

Jack Martin, portavoz de FAIR, aseguró que la organización continuará asesorando a los estados que consideren impulsar medidas “para frenar la llegada de nuevos indocumentados; medidas similares a la ley de Arizona adoptada en 2007″.

“Tenemos de nuestro lado la opinión publica que está en favor de medidas estrictas en contra de inmigración ilegal y favor de una reducción en la inmigración legal”, aseguró Martin.

‘Esperanzas para una reforma migratoria a nivel federal no existen porque la política ahora es que realmente no tenemos los votos. No hay suficientes demócratas ni republicanos con la voluntad de aprobarla’.

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los servicios de inmigración fraudulentos se han vuelto tan sofisticados que se publicitan en la internet a través de sitios que imitan a la perfección los de las agencias del gobierno, dijeron funcionarios estadounidenses el jueves al presentar una campaña nacional de concientización contra esos delitos.

Funcionarios de agencias nacionales, estatales y locales, además de abogados y defensores de los inmigrantes se reunieron en Newark para ampliar a todo el país una campaña piloto que comenzó en siete ciudades. Su enfoque es una combinación de represión, educación y colaboración entre agencias.

“No son sólo fraudes de alta tecnología, son gente en los barrios: gente que conoce gente, gente que sale a estrecharte la mano”, dijo Kelvin Chen, un abogado de la Comisión Federal de Comercio, al hablar sobre la necesidad de elevar la conciencia de los inmigrantes, que suelen ser víctimas de delincuentes de sus propias comunidades.

La campaña apunta a enseñar a los inmigrantes, tengan o no sus papeles en regla,

La campaña apunta a educar a los inmigrantes, tengan o no sus papeles en regla, sobre la manera de evitar desde proveedores de servicios sin licencia hasta los sitios de internet que imitan a los del gobierno. La mayoría de los defraudadores son personas que ofrecen ayuda legal u otros servicios a los inmigrantes, les cobran dinero y luego no cumplen con lo que prometen.

La iniciativa también busca informar a los inmigrantes acerca de cómo obtener ayuda legal legítima y denunciar el fraude. Comenzó como programa piloto en Atlanta, Baltimore, Detroit, Los Angeles, Nueva York, San Antonio y Fresno, California.

Encabezada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), la campaña incluye avisos publicitarios, carteles y octavillas en inglés y español, y un sitio de internet con información en otros 12 idiomas. Funcionarios de USCIS dijeron que buscan fortalecer los lazos en los niveles federal, estatal y municipal para mejorar la coordinación, información y la represión del delito.

Varios oradores en la conferencia del jueves dijeron que suele ser difícil conseguir que las víctimas de fraudes inmigratorios los denuncien, sea por miedo a la deportación o debido al trauma de ser despojadas no sólo de su dinero sino también de documentos importantes tales como sus actas de nacimiento, que los individuos inescrupulosos suelen robar.

Cuando llegan a las oficinas del abogado Lloyd Bennett, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, suelen haber pasado antes por sitios equivocados. Bennett dijo que uno de los problemas en Nueva Jersey es el de los “notarios”, oficinas que ofrecen servicios de inmigración en las comunidades hispanas. Muchos traducen mal la palabra inglesa “notary”, una persona sólo autorizada a certificar firmas, como “notario”, que en los países de habla hispana son abogados.

“Mis clientes no tienen la menor idea de lo que sucede. Ven el cartel de ‘notario’, entran y los defraudan”, dijo Bennett. “Les dan formularios o solicitudes para programas que no existen, les roban su dinero, o a veces presentan sus solicitudes, pero incorrectamente, y cuando se dan cuenta suele ser demasiado tarde”.

Así como en Arizona y Alabama se han promovido legislaciones que restringen derechos a los inmigrantes sin papeles, en California se estará impulsando una iniciativa que otorgaría permiso de trabajo legal a los indocumentados.

Se trata del “Plan California”, una iniciativa que ayer se reveló en el Congreso Latino que se llevó a cabo en el Pitzer College de Claremont, con la cual se estaría desafiando a las leyes federales ante la inacción del Congreso y de la Casa Blanca respecto a la reforma migratoria.

“El Plan California plantea ofrecer estatus legal que da derecho a trabajar a los inmigrantes indocumentados que alcanzan ciertos requisitos solo en California”, mencionó Antonio González, integrante del comité organizador del Congreso Latino.

Si los indocumentados cumplen con el pago de impuestos, no tienen delitos graves, no reciben beneficios del Welfare, entre otros, y son aprobados luego de un proceso de revisión, recibirían un número como el del Seguro Social, pero californiano, con el cual podrían trabajar de manera legal en el estado, explicó González.

Se estima que tres cuartas partes de los indocumentados en California podrían resultar beneficiados con este plan.

Este año el Congreso Latino, en su edición estatal, un evento anual que reúne a organizaciones que promueven los derechos de los hispanos, se enfocó en impulsar esta iniciativa como parte de su agenda pro inmigrante.

“Es un plan que hemos diseñado muy cuidadosamente para ganarlo en las elecciones estatales”, indicó González.

La próxima semana se estará iniciando el proceso administrativo en el gobierno estatal, para en enero dar inicio a la recolección de firmas (esperan recabar 750 mil en cuatro o cinco meses) y que aparezca en la boleta electoral de las elecciones de noviembre de 2012.

González calificó el Plan California como la antítesis de las leyes de Arizona y Alabama.

“Estamos usando poderes estatales y pidiendo un permiso de Washington, D.C., para hacer esto, porque confrontamos las leyes federales. Otros estados ya han hecho políticas públicas migratorias y han sido avaladas por la Suprema Corte”, mencionó en referencia a las legislaciones antiinmigrantes de Arizona y Alabama.

Sería una iniciativa de confrontación de las leyes federales como se hizo con la legalización de la marihuana para uso medicinal, apuntó.

Según las encuestas, más del 60% de los votantes, incluyendo a los electores anglosajones, aprobarían la iniciativa.

Nativo López, director de la Asociación Política México Americana (MAPA), dijo que uno de los objetivos del Congreso Latino es cambiar la narrativa sobre la reforma migratoria.

“Uno de los problemas más candentes es el de immigración, ya que no ha habido ninguna reforma federal, ni un indicio verdadero a nivel federal, lo que nos impone a nosotros, a nivel de estado, la prioridad de tomar la iniciativa para ver la forma de llevar a cabo una reforma migratoria estatal, ya no poner la confianza en los legisladores federales o en la Casa Blanca”, mencionó.

Y es que los participantes en el Congreso Latino reconocieron las pocas probabilidades de que a nivel federal se pueda llevar a cabo una reforma migratoria que ofrezca garantías a los indocumentados.

En el Congreso Latino estuvo presente el supervisor Mark Ridley-Thomas, quien habló sobre la importancia de colaborar para promover soluciones y contribuir en la discusión de los temas que afectan a la comunidad.

Se enfocó más en la necesidad de reformar el sistema de justicia criminal, en específico la Ley de los 3 Strikes.

El supervisor la calificó de una ley costosa que no resuelve los problemas de reincidencia delictiva y de inseguridad.

En el Congreso Latino también se abordaron temas de educación, empleo, reconfiguración de distritos electorales, medio ambiente y justicia económica.

“It’s a big paquete”, comentó Ángela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), una agenda que busca construir poder político para obtener cambios sociales.

‘El Plan California plantea ofrecer estatus legal que da derecho a trabajar a los inmigrantes indocumentados que alcanzan ciertos requisitos solo en California’.

En los pasillos del Congreso se debate el futuro de los 11 millones de indocumentados

La Ley HB 56 de Alabama, catalogada por defensores y detractores como la más dura en su tipo, asustó a varios senadores que están a favor de una reforma migratoria que permita legalizar a la mayoría de los indocumentados que viven en Estados Unidos.

“El prohibir el acceso al agua potable constituye una violación a los derechos humanos”, dijo a Univision.com una fuente del legislativo que pidió mantener su nombre en reserva porque no estaba autorizado para emitir declaraciones. “Se trata de una ley que viola la Constitución y no resuelve el problema”.

Entre otras medidas, la ley migratoria de Alabama criminalizó la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país excepto Arizona sigue siendo una falta de carácter civil no penal), autorizó a las policías locales a detener individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, convirtió en delito el que un indocumentado gestione una licencia de manejar o de negocios, castiga a quienes den ayuda a un inmigrante sin papeles y exigió que las escuelas verifiquen el estado migratorio de alumnos nuevos al igual que sus padres.

Frenos temporales

El 18 de septiembre una corte de distrito detuvo partes controversiales de la medida, entre ellas la prohibición de que los extranjeros sin papeles pidan trabajo en la calle, y dar asistencia o transportar en un vehículo a un indocumentado.

A mediados de octubre un tribunal federal de apelaciones bloqueó la autorización para que las escuelas públicas verifiquen el estado migratorio de sus alumnos nuevos, y dictó que no constituye delito el no portar documentos de identidad.

Pero permitió que la policía local siga arrestando a individuos si sus agentes tienen duda que se tata de extranjeros sin permiso de estadía en Estados Unidos.

“Es una ley severa que no revuelve el problema”, dijo la fuente legislativa. “Varios senadores se sorprendieron por el alcance de la medida y están buscando la manera de contrarrestarla. La solución al problema de la inmigración indocumentada pasa por una reforma migratoria comprensiva que incluya una vía regulada de legalización”, puntualizó.

Guerra de estrategias

Para los republicanos, la inacción del congreso federal en el tema migratorio motivó el surgimiento y la aprobación de leyes como las de Arizona (SB 1070) y Alabama (HB 56). Y para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes el avance de este tipo de medidas radica en la falta de liderazgo tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.

Durante la campaña presidencial 2008 el entonces candidato presidencial demócrata, Barack Obama, prometió que empujaría una reforma migratoria en el primer año de su mandato, es decir, durante 2009. Pero las guerras en Irak y Afganistán, la crisis económica y el debate de la reforma de salud, entre otros asuntos, postergaron indefinidamente el compromiso.

En la elección de medio tiempo del primer martes de noviembre de 2010 los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes y varias sillas en el Senado, resultado que permitió a los republicanos asentar su postura de rechazo a cualquier intento por legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Cuesta arriba

¿Qué futuro tiene entonces la reforma migratoria si en ninguna de las cámaras existen los votos necesarios para ser aprobada? Ninguno. Pero algunos apuestan por la conquista de un liderazgo perdido que abriría las puertas a futuras negociaciones, después de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos o la reelección de Obama para un segundo mandato.

“Siempre habrá negociaciones”, dijo Vanessa Cárdenas, directora de Progresss 2050, un programa del Center for American Progress (CAP) con sede en Washington DC. “Muchos congresistas tienen una trayectoria a favor de una reforma migratoria integral y no van a abandonar sus compromisos con los electores que les dieron el voto para sentarlos en el Congreso”.

Cárdenas agregó que “había conversaciones” entre algunos senadores para la búsqueda de un “paquete de reforma” y que se esperaba que al final del día asome “un plan que pueda tener probabilidades de avanzar y ser aprobado en ambas cámaras”.

“No podemos negar que toda iniciativa que venga del congreso para restablecer orden en este sistema de leyes migratorias quebrantadas es bien vista, siempre y cuando el esfuerzo no sea ficticio”, dijo Jorge Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Sin embargo, tantas veces nos hemos alegrado que ahora somos más cautelosos antes de decir sí o no”.

Pago pendiente

“Es importante que los legisladores hagan algo para la comunidad latina”, apuntó Cárdenas. “La reforma migratoria tiene que ser prioridad para los congresistas. Y no sólo por una cuestión de votos para una elección, sino porque muchos están obligados a demostrarle a sus electores que están haciendo algo para solucionar el problema de la inmigración”.

“Y también para mostrar a los republicanos, para que se sepa donde están, por qué no quieren aprobar una reforma migratoria comprensiva”, añadió.

En cuanto a las conversaciones que a puertas cerradas sostienen varios senadores, Cárdenas dijo que en esta instancia las organizaciones pro inmigrantes “no hemos sido invitados, pero sabemos que se llevan a cabo y que están buscando alguna versión que pudiera ser presentada, un plan comprensivo”.

“Sabemos que los demócratas no van a poner un plan sin el respaldo republicano porque entonces no contarían con los votos necesarios para ser aprobado”, dijo.

Para que la reforma migratoria se apruebe se necesitan 218 votos en la Cámara de Representantes (los demócratas tienen 193 frente a 242 republicanos) y 60 en el Senado (los demócratas tienen 51 frente a 47 republicanos y 2 independientes).

La vanguardia

Algunos nombres citados por Cárdenas corresponden a los senadores (Charles) Schumer (Nueva York), (Robert) Menéndez (Nueva Jersey), (Patrick) Leahy (Vermont) y (Harry) Reid (Nevada), todos ellos demócratas y que han presentado en varias ocasiones una iniciativa de reforma migratoria.

“Ahora están negociando un plan viable. Será difícil, lo sabemos, porque los republicanos no quieren una reforma migratoria integral”, señaló Cárdenas.

El 22 de junio Schumer, Menéndez y Reid, junto al también senador Dick Durbin (demócrata de Illinois) presentaron una propuesta de reforma migratoria que incluía un programa de residencia para millones de inmigrantes indocumentados que carecen de antecedentes criminales y paguen multas.

El plan también propuso incrementar las medidas de seguridad para detener la inmigración indocumentada y recomiendó mejorar la herramienta federal E-Verify, para que las empresas puedan verificar el estado migratorio de sus trabajadores.

Otros detalles

La iniciativa recomendó que los favorecidos sean fichados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ministerio que tomará datos biométricos y datos biográficos a quienes califiquen para regularizar sus permanencias.

Para calificar, los inmigrantes debían pagar una multa de $500 más las tasas que cobra el servicio de inmigración por el proceso de formularios que se utilizan para ajustar la permanencia legal en el territorio estadounidense.

Los favorecidos entrarían en un período de prueba donde recibirían una residencia temporal de cuatro años. El beneficio incluía un permiso de trabajo y autorización de viaje pasa salir y reingresar a Estados Unidos. Los familiares inmediatos del beneficiario –cónyuges e hijos menores de edad solteros- también eran elegibles para el programa.

El proyecto indicaba que Los autorizados para ajustar el estado migratorio debían esperar por un cupo de visa, el que podría demorar hasta ocho años. También debían pagar impuestos, pagar una segunda multa de $1,000 al momento de recibir la notificación de una visa disponible, aprender inglés y educación cívica de Estados Unidos.

De la seguridad fronteriza el plan demócrata de reforma migratoria añadía un incremento en los sistemas de vigilancia en la frontera para detener el ingreso indocumentado. Y establecía una revisión de los activos y personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incrementarlos en caso de ser necesario.

El proyecto no fue debatido por falta de un acuerdo bipartidista previo que garantizara su aprobación en ambas cámaras del Congreso.

Bases para un diálogo

Al ver la actual configuración del legislativo “se nos quita el optimismo”, dijo Katherine Vargas, secretaria de prensa del Foro Nacional de Inmigración (National Immigration Forum –NIF-). “Pero me parece importante notar que obviamente los demócratas están tratando de diferenciar cuáles son sus propuestas de inmigración” y elaborar un proyecto para ser debatido y que cuente con apoyo republicano.

Vargas, sin embargo, opina que “más allá de propuestas que muchos piensan no van a llegar a ningún lado, lo que se está buscando es liderazgo” para poder entonces sentar las bases de un diálogo bipartidista que de resultados favorables y ponga fin al padecimiento que viven 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Pero el punto que preocupa a Vargas, por el momento, no es la lucha por la conquista del liderazgo perdido en el Congreso para el manejo del tema migratorio, sino la implementación de los recientes cambios anunciados por el gobierno de Obama a la política de deportaciones.

“La administración dio en agosto un anuncio de una mejor política de deportaciones y debería implementarla de mejor manera. Necesitamos ver resultados concretos y urge mejorar la puesta en vigor de estas medidas”, subrayó.

Medida discrecional

El 18 de agosto el gobierno federal anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigraciòn (AILA) advirtió que no existe una manera “segura” de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración estadounidense, y que por nada se ponga en contacto con las autoridades de inmigración, porque “puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación”.

“Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos”, subrayó AILA.

Liderazgo debilitado

Vargas dijo la puesta en vigor de las medidas demostraban que el gobierno federal “no tiene liderazgo” y con ello le sigue dando argumentos a los gobiernos estatales “para que se tomen este espacio, como ocurrió en Alabama, donde el Asamblea convirtió a los profesores en agentes del servicio de inmigración”.

La fuente del Congreso dijo que la polémica ley HB 56 de Alabama provocó un “enorme impacto interno” en el Senado, “cruzó la línea” y aseguró que las conversaciones que se llevan a cabo tienen el propósito de “revertir la situación”.

La Casa Blanca tiene una responsabilidad moral con el electorado latino y la comunidad inmigrante y mientras se prepara el terreno para una discusión a nivel legislativo, pedimos un paro a las deportaciones de nuestras familias.

Cabrera dijo que “cualquier iniciativa confrontará oposición feroz de los Republicanos, pero les avisamos que marchen con mucha cautela porque, si bien cuentan con un porcentaje del voto latino, podrían contar con menos, especialmente en elecciones a nivel local y regional”.

“También el aviso es para los demócratas y la Casa Blanca que si piensan en presentar alguna propuesta, que den todo por todo y que no jueguen con nuestra comunidad”, concluyó.