NUEVA YORK – El diario The New York Times advirtió en su editorial de este domingo que una serie de legislaciones que Arizona aprobó en bloque preliminarmente esta semana ‘no resolverán nada y harán mucho daño’.
‘Esperamos que los arizonianos coléricos y el resto del país retomen pronto sus valores’ tradicionales sobre la migración, destacó el diario, ya que ‘la ciudadanía estadounidense por nacimiento y la asimilación de lo recién llegados son clave para el experimento estadounidense’.
En efecto, una comisión del Senado de Arizona aprobó por un margen estrecho un durísimo proyecto de ley (SB-1611), peor que la Ley de Arizona, que busca negar la ciudadanía automática a los hijos de los indocumentados, una norma contraria a la constitución nacional que podría dar lugar a una apelación ante la Corte Suprema.
The New York Times advirtió en su editorial que ‘todo lo que separa a los nuevos inmigrantes de los anteriores es la ausencia de un sistema que funcione para asimilarlos’.
El matutino criticó que mientras la mayoría de los estados se enfocan en resolver problemas financieros, crear empleos e impulsar la economía, la legislatura de Arizona, se concentra en dar a su gobierno ‘nuevos poderes para despojar los derechos individuales y extienda medidas antiinmigrantes a escuelas, vivienda pública, hospitales y consultorios’.
El nuevo proyecto de ley fue patrocinado por el senador republicano Russell Pearce, autor de la controvertida ley SB 1070 en contra de los inmigrantes sin papeles del año pasado, que provocó un debate generalizado sobre si los estados son los encargados de aplicar las leyes de inmigración.
“El que está en el país ilegalmente no tiene derecho a los beneficios públicos y eso es todo”, dijo Pearce.
Aprobar el proyecto colocaría “un nubarrón negro sobre Arizona junto al cual la ‘SB1070′ parecería blando”, dijo Jaime Farrant, de la organización Red de Acción Fronteriza, en alusión al proyecto del año pasado.
La Ley SB-1611 también obliga a los hospitales a revisarene la ciudadanía y estatus migratoria de sus pacientes, que enfermeras y médicos se capaciten para aplicar leyes de migración, que los niños demuestren su nacionalidad al inscribirse en escuelas públicas.
Además, conviene convertir en criminales a los indocumentados que conduzcan vehículos y negar a los migrantes vivienda para rentar.
El New York Times comentó que es un ‘problema inexistente’ que los hijos de indocumentados necesiten actas de nacimiento diferentes y marcadas, o suponer que las mujeres indocumentadas vienen a Estados Unidos a dar a luz bebés que 21 años después solicitarían al gobierno que las legalizara.
‘Esos planes no ahuyentarán a los inmigrantes indocumentados, sino que convertirán a toda una generación de nuevos ciudadanos en criminales’ en Arizona, advirtió.
El periódico destacó que Arizona impulsa esas políticas en un contexto en el que la migración a Estados Unidos es la más baja desde la década de 1930 y cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reconoce que la delincuencia se ha reducido en todos los estados fronterizos con México.
Con el llamado a juicio al exdirector del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, y otros tres policías, la Fiscalía ratificó la tesis del Gobierno de que en la sublevación policial ocurrida el 30 de septiembre del 2010 (30-S) se intentó asesinar al presidente de la República, Rafael Correa.
Esta hipótesis se confirmó en la decisión del juez 13° de lo Penal de Pichincha, Antonio Guerrero, quien acogió el dictamen acusatorio que emitió el fiscal Luis Enríquez, en el que solicitó el llamado a juicio de Carrión y los otros tres acusados, por el delito tipificado en el artículo 224 del Código Penal.
Dicha infracción determina una sanción de ocho a doce años de reclusión, aunque no llegue a inflingirse daño alguno como consecuencia del intento de asesinato al jefe de Estado.
Carrión fue acusado de ese delito en el grado de cómplice; mientras, Luis Bahamonde, Jaime Paucar Gualotuña y Luis Martínez, como autores.
Al emitir dictamen abstentivo, el fiscal Enríquez liberó de culpa a los excomandantes del Regimiento Quito, coroneles José Rivadeneira, Edwin Echeverría y José Julio Cueva; así también, al policía Geovanny Chancusig. El expediente sobre estos oficiales fue trasladado al fiscal de Pichincha, Marco Freire, a fin de que confirme, niegue o reforme el dictamen.
En este caso el ministro de Justicia, José Serrano, presentó una acusación particular por magnicidio y el presidente Correa –en uno de sus enlaces sabatinos– identificó a Carrión como la persona que no entregó la llave para que ese día él pueda ingresar al Hospital de la Policía.
Una vez conocida la decisión de Guerrero, a la esposa de Carrión, Jeannette Orbe, le tomó unos minutos reaccionar por el impacto que le causó la decisión de llamar a juicio.
Anunció que hará plantones frente a los juzgados y hasta una huelga de hambre para defender la inocencia de su esposo. “Han metido la mano, el señor Presidente y su Corte… Si el Presidente quiere quedar bien que lo haga, pero nosotros no aceptaremos un indulto porque es inocente”, dijo frente a los ofrecimientos del Ministro de Justicia, de indultar a los implicados después de que se dé una sentencia.
En su intervención, Carrión también repitió lo mismo.
Durante las cinco horas y media que duró la audiencia, un grupo de familiares del exdirector del Hospital de la Policía se apostó en las afueras del auditorio de los juzgados para exigir su liberación.
Tras conocer la decisión del juez, los manifestantes culparon al gobierno de Rafael Correa el llamamiento a juicio y pidieron al pueblo votar en contra de la consulta popular para que –según ellos– el régimen no obtenga más poder en la justicia.
Detención tras críticas
Luego de ser cuestionado por el presidente Rafael Correa, el coronel César Carrión fue involucrado en el caso de presunta tentativa de asesinato en su contra. El 27 de octubre pasado fue detenido.
Correa lo acusó de cómplice
El jefe de Estado calificó a Carrión de “cómplice de los conspiradores”, luego de que este policía dijera en una entrevista con la cadena internacional CNN que el mandatario no estuvo secuestrado.
Acusados
Luis Bahamonde
Según la Fiscalía, fue el policía que el pasado 30-S lanzó gas pimienta al presidente Rafael Correa.
Jaime Paucar Gualotuña
Aunque la Fiscalía considera importante que se haya entregado voluntariamente, lo responsabiliza de haberle retirado la máscara antigás al jefe de Estado.
César Carrión Moreno
Pese a que la defensa de Carrión lo niega, la Fiscalía cree que es responsable secundario del delito de magnicidio, por negarse a abrir la puerta para que ingrese el presidente al Hospital de la Policía, el 30-S.
Luis Aníbal Martínez
En un cotejamiento de audios, la Fiscalía confirmó que la voz del policía fue quien llamó a la central de radiopatrulla para pedir que asesinen al presidente Rafael Correa.
Por primera vez desde 1978 se acudirá a las urnas en sábado. El Consejo Nacional Electoral resolvió ayer que la consulta popular y referendo que impulsa el Gobierno, se realizará el próximo 7 de mayo. Es decir, la víspera del Día de la Madre.
En la sesión del Pleno de este organismo, integrado por cinco vocales, tres de ellos: Manuela Cobacango, Marcia Caicedo y Fausto Camacho, decidieron que el plebiscito se realice ese día para aprovechar todos los 60 días que la Constitución le da al CNE para organizar un proceso electoral.
Mientras que el presidente Omar Simon y el vicepresidente, Carlos Cortez, votaron por la moción de que la consulta fuera el 1 de mayo. Esta era la fecha que el Gobierno quería para que los ecuatorianos vayan a las urnas por la carga política que conlleva.
La forma como el presidente, Rafael Correa y su secretario Jurídico, Alexis Mera, manejaron el calendario, obligaron a que el CNE optara por una fecha sui géneris en los últimos 33 años.
Una vez que la Corte Constitucional emite un criterio favorable para la realización de una consulta, el Gobierno no tiene plazos establecidos para, a su vez, enviar al CNE el decreto ejecutivo pidiendo la realización de la consulta.
A inicios de la semana pasada, Alexis Mera había reconocido que los tiempos de la consulta eran complicados. Esto porque la fecha del plebiscito podría caer en el Domingo de Resurrección (24 de abril), en el Día del Trabajo (1 de Mayo), o en el Día de la Madre (8 de mayo). Es por ello que Mera consideró que lo más apropiado era emitir el decreto ejecutivo a finales de este mes, para que la consulta caiga en domingo regular, a partir de la segunda quincena de mayo.
Sin embargo Correa, Mera y la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, fueron el lunes al CNE y con la entrega del decreto se complicaron los tiempos.
Según el art. 106 de la Constitución, el CNE, una vez que conoce la decisión del Presidente, tiene 15 días para convocar a la consulta y 60 para organizarla. Estos dos plazos vencen el sábado 7 de mayo. Es decir, que el domingo 8 sería ya un día extemporáneo para acudir a las urnas.
cifra
usd 22 millones.es el costo que tendrá la consulta popular impulsada por el presidente Rafael Correa.
Ante esta situación, el vocal Camacho dijo que el CNE debía ganar una semana más y llamar a consulta el sábado.
Este anecdótico cronograma, para dos analistas, consultados por este Diario, obedece al cálculo político del Gobierno por efectuar la consulta popular lo más pronto posible.
Para el académico, Felipe Burbano de Lara, puede ser que el Gobierno quiera evitar que en la ciudadanía se diluya el tema de la consulta, para que este no se alargue en el tiempo o que genere apatía o desinterés en la gente. Agrega que también, procesos como este, dependen de las encuestas , donde el factor tiempo cuenta mucho, para medir los niveles de popularidad del Presidente y su proyecto político.
El lunes 21, cuando el Primer Mandatario le entregó el documento al CNE ante una decena de cámaras pidió celeridad a los vocales del Consejo. “Les ponemos a correr, pero es necesario. El país no puede perder tiempo, necesita un cambio radical”, dijo. Por eso Mera hablaba de la importancia de que el plebiscito se realizara hasta el 1 de mayo. La preocupación llegó, entonces, a las organizaciones sindicales que acostumbran a marchar por el Día del Trabajo. Esa jornada de profundos matices políticos se hubiera visto afectada por una día de elecciones, donde están prohibido cualquier espacio proselitista y concentraciones de personas.
Para el analista político, Luis Verdesoto, hacerlo el 1 de mayo era una inadecuada mezcla de temas, lo cual ha evidenciado el deseo de Correa de correr contra el tiempo en esta consulta.
Para el analista, pueden haber tres claros motivos de ese apuro. Uno: un posible temor electorales de que una campaña larga produzca desgaste, o que cambien las encuestas de la intención de voto de los sufragantes.
Segundo: el Gobierno puede ser consciente de que un proceso electoral aminora el ritmo productivo de la actividad económica del país. Y, tercero, que se busca que los planteamientos de la consulta, al ser aprobados, sean de cumplimiento obligatorio, para lo cual se debe emprender cierto trabajo legislativo emergente y eso también lleva sus propios calendarios.
En todo caso, los 60 días para organizar el plebiscito parecen no ser suficientes, Simon reconoció que es el período más corto que han tenido para realizar un proceso electoral de este tipo.
¿Cuáles serían las implicaciones de que un proceso electoral se realice un sábado? Simon aseguró que se propondrán medidas como que los centros educativos que funcionan como recintos electorales el viernes suspendan las actividades.
Además se analiza la posibilidad de que el viernes, las actividades laborales se efectúan hasta mediodía. “Esto para que las personas que sufragan en cantones o provincias distintas a su lugar de residencia se puedan movilizar”.
La Ley Seca regirá desde la madrugada del miércoles 4 de mayo. Ayer se anunció el costo de la consulta que será de USD 22 millones, es decir, USD 6 millones menos que la consulta popular en la cual se aprobó la Constitucional.
Hasta el 8 de marzo, el CNE tiene plazo para establecer los mecanismos para el control de la publicidad. En este tema todavía no existe acuerdo entre los vocales.
Veinticinco senadores demócratas se pronunciaron el lunes contra las propuestas, con apoyo de 14 republicanos, en una votación legislativa que tuvo un fuerte carga política.
El rechazo a ambas iniciativas supuso un revés a la gobernadora republicana Susana Martínez, que en 2010 se había comprometido a poner fin a la práctica del estado de conceder licencias a los inmigrantes sin papeles.
Los republicanos en Nuevo México afirman que el sistema de licencias del estado representa un riesgo de seguridad pública e incluso terroristas podrían conseguir el documento.
“Se trata en verdad de la seguridad de nuestras familias. Esto es lo importante”, dijo el senador republicano William Sharer.
Sin embargo, el senador demócrata Eric Griego afirmó que las iniciativas tenía como trasfondo el temor a los inmigrantes, en especial los procedentes de México.
“Ha habido bastante discriminación a lo largo de nuestra historia pero siempre la hemos superado. Siempre hemos tenido la fuerza del carácter de Estados Unidos de saber que somos una nación de inmigrantes”, dijo Griego.
El primer censo de planetas en la Vía Láctea arrojó cifras astronómicas: hay al menos 50.000 millones de estos cuerpos celestes en nuestra galaxia.
Además, los científicos descubrieron que 500 millones de esos planetas están en la zona donde podría haber vida porque las temperaturas no son tan extremas. Las cifras se estimaron a partir de los resultados iniciales que transmitió el telescopio buscador de planetas Kepler de la NASA estadounidense.
Los científicos tomaron la cifra de planetas encontrados en el primer año del telescopio, en que se buscó en una pequeña parte del cielo, y luego calcularon qué tan probable es que las estrellas tengan planetas a su alrededor, explicó el jefe de la misión Kepler William Borucki.
Según calcularon, una de cada dos estrellas tiene planetas y una de cada doscientas tiene planetas que están en la zona habitable.
Senador confirmó pláticas en ambas cámaras del legislativo
WASHINGTON – En momentos que arrecian las “redadas silenciosas” ejecutadas por una unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un senador demócrata confirmó al Noticiero Univision que reanudó pláticas con legisladores republicanos para revivir un proyecto cancelado el año pasado por falta de apoyo bipartidista.
18/reforma-migratoria
“El senador (Lindsey) Graham (republicano de Carolina del Sur) y yo estamos en conversaciones sobre la propuesta que hicimos el año pasado”, dijo el demócrata Charles Schumer (demócrata de Nueva York) a Univision. (También) “Me reuní con el congresista Lamar Smith (republicano de Texas) y me estoy reuniendo con todos los que puedo y no me doy por vencido. Tenemos que tener una verdadera reforma migratoria integral”, agregó.
Schumer y Graham integraron entre junio de 2009 y marzo de 2010 una comisión que redactó un borrador de reforma migratoria comprensiva que, entre sus recomendaciones, incluía una vía regulada de legalización para millones de indocumentados que carecen de antecedentes criminales. Pero el plan fracasó por el abandono de Graham.
Primero seguridad
El nuevo esfuerzo por revivir el proyecto contempla la revisión, reasignaciones y recortes al presupuesto de seguridad nacional con el objetivo de asegurar las fronteras y garantizar el freno a la inmigración indocumentada, dos de las principales exigencias impuestas por los republicanos como condición para reabrir el debate.
Schumer dijo que al tiempo que se ajusta el presupuesto simultáneamente se están llevando a cabo reuniones para revivir el proyecto de reforma migratoria integral.
Esta semana, la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, aseguró que el presupuesto enviado para la aprobación del Congreso presenta recortes en tecnología y mejoras en la seguridad en las fronteras suroeste y del norte, así como seguridad de aviación, incluyendo fondos para mantener el progreso que se ha hecho a la fecha para hacer cumplir las leyes migratorias.
Pero el representante Francisco Canseco (republicano de Texas) dijo que las modificaciones comunicadas por el DHS no resuelven el problema de seguridad que existe en la frontera con México. “No he visto nada así”, comentó.
Pese a la postura de Canseco, que refleja la posición de la posición republicana en ambas Cámaras del Congreso, de oponerse al debate migratorio hasta que el gobierno garantice la seguridad en las fronteras, Schumer dijo que las conversaciones están en curso, aunque admitió que “será difícil” elaborar un proyecto final.
En busca de votos
Tanto Schumer como Graham quieren primero asegurar el apoyo incondicional de varios legisladores republicanos antes de lanzarse a una nueva batalla, dijo el Noticiero Univision.
Para aprobar la reforma migratoria se necesitan 60 votos en el Senado y 218 en la Cámara de Representantes. Los demócratas controlan el Senado con 54 votos, pero los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes.
Katherine Vargas, vocera del Foro Nacional de Inmigración, dijo que “en los últimos dos años hemos escuchado conversaciones (sobre el tema de la reforma migratoria), pero no hemos visto nada concreto. Creo que ya es hora que esta legislación concrete”.
Canseco pronosticó que no pensaba que la iniciativa encabezada por Schumer tenga un resultado favorable.
El esfuerzo anterior
Graham y Schumer trabajaron juntos un proyecto de reforma migratoria entre junio de 2009 y marzo de 2010, hasta que el republicano abandonó el esfuerzo para unirse a la estrategia nacional de su partido con miras a reconquistar el poder del Congreso.
El plan que redactaron y que sólo llegó a convertirse en un borrador, contaba con el apoyo de la Casa Blanca y decenas de grupos nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, además de iglesias, sindicatos, comerciantes y agricultores.
El proyecto proponía:
1. Reforzar la seguridad en la frontera;
2. Poner en marcha una vía “dura, pero justa” de legalización para los indocumentados;
3. Tarjetas de Seguridad Social biométricas que impidan que los trabajadores ilegales puedan obtener empleos, y
4. El establecimiento de un proceso de admisión de trabajadores temporales.
Otros detalles del plan
Según el borrador Graham-Schumer (que nunca llegó a ser debatido en el Congreso), los ciudadanos y los inmigrantes legales que quisieran trabajar en Estados Unidos requerirían una tarjeta de la Seguridad Social a prueba de falsificación y de alta tecnología, que contendría los datos biométricos de su portador.
La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) consideró esta medida como una intromisión en la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.
Otras organizaciones precisaron que la nueva tarjeta de identificación de trabajadores sugerida por Graham y Schumer era similar al Real ID aprobado por el Congreso en abril de 2005 y cuya vigencia se encuentra suspendida temporalmente por falta de consenso de los gobiernos estatales.
Los empleadores deberían comprobar esas tarjetas antes de contratar a nadie, según el borrador.
Beneficios adicionales
El borrador Graham-Schumer también recomendaba crear un sistema para admitir a trabajadores con menor capacitación y permitir su regreso a sus países al cabo de un tiempo.
Los trabajadores que hayan tenido éxito en su trabajo, y que hayan contribuido a sus comunidades a lo largo de los años, podrían también acceder a un permiso de residencia.
Los 11.2 millones de indocumentados que se calcula residen en territorio estadounidense contarán también con una vía para la legalización, indicaba el proyecto bipartidista.
“Tendrían que admitir que violaron la ley y pagar su deuda a la sociedad mediante el cumplimiento de servicios comunitario y el pago de una multa e impuestos atrasados”, explicaba.
Fichaje completo
Los beneficiarios de la vía de legalización, según el borrador, tendrían que someterse a una investigación sobre sus antecedentes y dominar el inglés antes de poderse poner a la cola de los inmigrantes que esperan su turno para conseguir la residencia permanente.
Según Graham y Schumer, “el pueblo estadounidense merece más que una retórica vacía y llamamientos poco prácticos a una deportación masiva”.
“Instamos al público y a nuestros colegas a unirse a nuestros esfuerzos bipartidistas para poner en marcha estas reformas”, concluyeron ambos senadores antes del rompimiento de la alianza a finales de marzo del año pasado.
Dirigentes de organizaciones nacionales que defienden la reforma migratoria reiteraron que la legalización de los 11.2 millones de indocumentados “pesará” en el resultado de la elección presidencial del primer martes de noviembre de 2012, cuando los estadounidenses acudan a las para elegir al 45 Presidente de Estados Unidos.
Promesa inconclusa
En 2008, de los 10.2 millones de electores hispanos que participaron en la contienda 6.7 millones favorecieron a Obama, dándole el margen necesario de sufragios para imponerse sobre el entonces candidato republicano, senador John McCain (Arizona).
Obama respondió con la promesa de una reforma migratoria en el curso del primer año de gobierno, pero no pudo alcanzar un acuerdo bipartidista pese a que su partido tenía la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
En los comicios de medio tiempo del pasado noviembre, los republicanos se hicieron con el control de la Cámara de Representantes y arrebataron cuatro asientos en el Senado, un escenario que vuelve más difícil la aprobación de una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para los millones de indocumentados que viven en el país.
CHICAGO (Reuters) – Investigadores estadounidenses que estudiaban los efectos del estrés sobre los intestinos hallaron inesperadamente un compuesto químico que estimula el crecimiento capilar.
Mediante el bloqueo de una hormona ligada al estrés y a la pérdida del cabello, expertos lograron que en un grupo de roedores genéticamente manipulados para generar demasiada cantidad de esa hormona se regenere el cabello perdido, informó un equipo en la edición en internet de la revista PLoS One.
“Casi el 100 por ciento de los ratones respondieron. El pelo creció nuevamente por completo. Es un efecto muy drástico”, indicó Million Mulugeta, de la University of California en Los Angeles, quien trabajó en el estudio.
Mulugeta añadió que los resultados podrían abrir nuevas áreas de exploración sobre la pérdida de cabello en los seres humanos, especialmente en aquellas personas en las que ese trastorno está relacionado con el estrés y el envejecimiento.
El equipo, que incluyó a expertos de la Administración de Veteranos y el Instituto de Estudios Biológicos Salk en California, estaba realizando experimentos con ratones que habían sido genéticamente alterados para producir una cantidad excesiva de la hormona ligada al estrés llamada factor liberador de corticotropina (CRF por su sigla en inglés).
A medida que estos ratones crónicamente estresados crecían, su cabello se ponía gris y finalmente se caía. Mulugeta comparó el efecto con el que se observa al ver envejecer a un presidente estadounidense tras el curso de dos mandatos de cuatro años en la Casa Blanca.
El equipo inyectó en los roedores el compuesto químico para bloquear el estrés llamado “astressin-B”, que detiene la acción del CRF.
Los ratones recibieron diariamente una inyección del compuesto por cinco días, luego el equipo midió los efectos del fármaco sobre su colon y los volvió a colocar en sus jaulas.
“Cuando regresamos tres meses después, su cabello había vuelto a crecer por completo. No podía distinguírselos de sus pares que no habían sido genéticamente modificados”, explicó Mulugeta. “Fue totalmente inesperado”, añadió.
El efecto permaneció por cuatro meses, un tiempo relativamente prolongado en la vida de un ratón, indicó el autor. Estudios de seguimiento confirmaron los hallazgos.
El equipo también evaluó el compuesto en ratones modificados más jóvenes que aun no habían perdido su pelo y halló que el astressin-B evitaba que se quedaran pelados.
“No sólo restaura el cabello, sino que además previene su pérdida”, señaló Mulugeta.
Hasta el momento, el compuesto sólo fue probado en ratones genéticamente modificados para portar una cantidad excesiva de la hormona del estrés y no se sabe si tendrá algún efecto sobre los seres humanos.
No obstante, Mulugeta dijo que es posible que este mismo proceso se replique en las personas, que también tienen receptores del CRF en la piel.
Dado que los tratamientos actuales para la pérdida del cabello ofrecen resultados modestos y a corto plazo, Mulugeta consideró que esta investigación debería profundizarse.
Falta de reforma migratoria acelera clima antiinmigrante en EU
La noticia reciente del despido de cientos de trabajadores de la cadena de restaurantes de comida mexicana Chipotle Mexican Grill Inc., tras una “redada digital” del servicio de inmigración, encendió las alarmas en la comunidad inmigrante.
Este jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que envió notificaciones de inspección a 1,000 empresas en Estados Unidos y advirtió que los agentes examinarán con especial esmero los documentos de contratación para detectar la posible presencia de indocumentados.
Las “redadas digitales” o “redadas silenciosas” se incrementaron a mediados de 2009 y forman parte de la política migratoria de la Administración del Presidente Barack Obama. A partir de entonces, se han ejecutado más de 3 mil inspecciones y se han investigado a miles de trabajadores y emitido multas por más de $7 millones.
Entre las empresas más reconocidas donde se han efectuado este tipo de batidas se encuentran las cadenas Walmart y McDonalds, la fabricante de rosquillas Krispy Kreme y las tiendas de ropa Abercrombie and Fitch, pero cualquier empresa por pequeña que sea está expuesta a ser verificada.
¿Qué pasa con los despedidos? ¿Son confiables los datos del gobierno? Si hay despidos injustificados, ¿qué puede hacer un trabajador afectado?
No son iguales, pero…
A diferencia de las batidas tradicionales, donde cientos de agentes federales llegaban a un lugar, lo cercaban y procedían a arrestar a los empleados que no pudieran demostrar que tenían papeles para vivir y laborar en el país, ahora una unidad especial de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) revisa los datos de identidad de millones de trabajadores y compara sus identidades en una gigantesca base de datos que opera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Si cualquiera de los datos del empleado no concuerda con la información del gobierno, el empleador recibirá una carta del DHS advirtiéndole del problema. Y si el trabajador no aclara la diferencia, es despedido y el patrono se libra de una multa.
Pero la pregunta es: ¿Y si los datos almacenados por el gobierno no estaban correctos? ¿Qué ocurre con los derechos del trabajador despedido?
Cuestionan los datos
“Nos cuestionamos si la información guardada por el Gobierno federal está correcta”, advirtió Juan Vega, Coordinador de Inmigración del Centro Latino de Chelsea, Boston, Massachussetts. “Hemos visto muchos casos en el pasado reciente que el sistema de datos federal está lleno de errores y ha originado toma de decisiones que en muchos casos no son legales”.
Uno de esos casos fue el polémico programa federal No Match (No Concordancia) surgido en 2007 bajo la administración del ex presidente George W. Bush. Consistía en verificar la identidad de los trabajadores con la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA). SI la información no coincidía, el trabajador recibía una carta y se le fijaba un plazo para aclarar el error. SI no respondía dentro de un plazo de hasta 90 días, el empleador procedía a su despido y el servicio de inmigración lo arrestaba y le iniciaba un proceso de deportación.
Fallo judicial
Una demanda entablada por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) permitió que una corte de California congelara el proyecto porque su ejecución podía causar “muchas dificultades” a las empresas y a sus empleados, y porque los demandantes demostraron “que serán dañados de manera irreparable [los derechos de trabajadores] si (…) se permitía implementar la norma”.
El gobierno insistió y logró, al fin de cuentas, imponer un método alterno que tiene el mismo propósito: frenar la inmigración indocumentada. Fortaleció el programa conocido como E.Verify, en el que los empleadores, de manera voluntaria, se inscriben a través de Internet y, por medio del Formulario I-9, le piden a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que verifique la identidad del trabajador.
Durante el proceso la USCIS consulta las bases de datos del DHS, el SSA y el FBI. Si aparece una anomalía o un dato diferente, el DFHS le notifica al empleador y éste a su vez al trabajador, quien tiene un plazo de hasta 90 días para aclarar el problema.
“Una de nuestras principales dudas viene cuando nos preguntamos si las empresas están dejándose llevar las informaciones del gobierno y si tenemos la certeza que esos datos son correctos. No tenemos certidumbre si las informaciones almacenadas por el USCIS están cien por ciento actualizadas”, advirtió Vega.
“Si hay un error y la persona fue despedida erróneamente, ¿cómo reclaman sus derechos?”, se preguntó el activista. “También da lugar a que se incrementen los abusos por parte de empleadores inescrupulosos”, agregó.
